Una vez entendida la política desde el partido como parte de la dimensión humana, al estar unida a la ética y servicio públicos para una nueva administración estatal, y diagnosticados los males endémicos del país como la corrupción, contrabando, narcotráfico y mal uso de la tierra; corresponde definir qué visión de Estado se promueve como ideal, para enfrentar esos desafíos.

Observamos que el Estado unitario existente desde el inicio de la república ha dejado de ser el ente administrativo idóneo para la Bolivia del siglo XXI; ni siquiera con las autonomías incluidas que están lejos de ser plenas, logra funcionar efectivamente para contribuir a una eficiente administración y solución de sus ilícitos endémicos; es obvio que el concepto unitario no es malo por sí solo, pero la historia y realidad del país nos demuestran que este tipo de Estado resulta insuficiente para dar soluciones y desarrollar sus instituciones, ya que su estructura de por sí concentra y centraliza el poder y, al darse cuenta el gobernante que el sistema le permite aquello, comienza la perversión de su idónea administración y ética pública; los grados de dependencia de las instituciones públicas y niveles de gobierno en cuanto a designaciones y otorgación de recursos del poder central, dan lugar al abuso y discrecionalidad en sus decisiones, provocando en el modelo un desfase e incumplimiento perverso de la CPE.

En tal sentido, un partido populista de izquierda de alto intervencionismo estatal, prefiere obviamente que persista el modelo, para concentrar y mantener su poder, influyendo decisivamente sobre los otros órganos del Estado mediante la cooptación y prebenda, legalizando mecanismos que contribuyan a la opresión de quien no obedezca o piense diferente; toda decisión queda a discreción del caudillo-presidente, o su cúpula de gobierno que busca confundir la voluntad del pueblo con la del partido, por lo que se termina condenando la libertad a su mínima expresión en pro de una supuesta igualdad distorsionada por el partido de gobierno. Un ejemplo reciente es la exigencia del jefe del MAS, Evo Morales, para que sus militantes-funcionarios del gobierno, efectúen más aportes económicos para actividades del partido. ¡Es ese “chip” de falta de ética pública de un ex-presidente y la falta de valores de su partido, trasladada a la administración del Estado, el que hay que desterrar definitivamente! ¿o acaso esta clase de acciones contribuye a que exista menos corrupción y más transparencia en el Estado?

Ante ello, no hay que tener miedo a discutir y explorar desde la visión del nuevo instrumento, propuestas de otros tipos de Estado, ya que el fin de ello resulta claro en función a restringir la concentración de poder y la influencia nefasta sobre la independencia de órganos e instituciones de gobierno, ya que sin este logro nunca habrá justicia, ni producción de leyes justificadas, ni institucionalización, menos aún elecciones transparentes; en este sentido el modelo Federal u otros deben ser ampliamente debatidos y consensuados desde ya, como objetivo viable a mediano plazo, en busca de descentralizar efectivamente el poder, redistribuir los recursos satisfaciendo necesidades de manera más rápida y creando mecanismos directos de control y reclamo a la autoridad.

El ciudadano requiere desenvolverse en la más amplia libertad y seguridad jurídica de un Estado Constitucional de Derecho más eficiente, para solucionar problemas y satisfacer demandas. Sin este cambio de “chip” para implantar el sentido de ética pública desde el nuevo partido y un modelo de Estado que descentralice efectivamente poder y recursos, las propuestas de solución a problemas estructurales se perderán como hasta hoy, en el limbo miserable de intereses distintos a los del pueblo boliviano.

*Raúl Parada es abogado constitucionalista