El ministro de Justicia Iván Lima reveló este domingo que la excandidata a alcaldesa de Cochabamba, Rebeca Delgado, pide un resarcimiento “exagerado y exorbitante”, luego que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminara en marzo de 2018 una reparación integral por “el daño material e in material” al haber sido inhabilitada para las elecciones municipales de 2015.

El Comité ha enviado un recordatorio al Estado boliviano para que proporcione información hasta el 12 de septiembre de 2022 sobre todas las medidas que ha adoptado para aplicar el Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos.

Sin embargo, no solo es el caso de Rebeca Delgado sino también el senador Eduardo Maldonado, quien también fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral debido a que no habrían cumplido el requisito de vivir durante dos años para ser candidata a alcalde.

Lima comentó la demanda de ambos exasambleístas disidentes del MAS, a propósito del reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en favor de Evo Morales y la decisión de no activar ninguna acción de resarcimiento por haber sido inhabilitado como senador por Cochabamba en las elecciones de 2020, con el argumento de que no tenía domicilio electoral los dos años últimos.

“La gran diferencia en este caso Evo Morales ha renunciado a cualquier resarcimiento económico y yo he resaltado que Rebeca Delgado si está exigiendo un resarcimiento económico y es un resarcimiento que a mi parece exagerado y exorbitante para la materia que ella está reclamando”, declaró al canal estatal sin revelar el monto que pide la exmilitante del MAS.

Informó que, sin embargo, de ello se está hablando del tema con la Procuraduría, que es el escenario donde tiene que discutirse ese monto, pero aseguró el Estado no ha dejado de atenderle, “ha estado trabajando para encontrar un acuerdo y este acuerdo se va a informar oportunamente a Naciones Unidas, porque somos un gobierno responsable que ha estado trabajando en ese ámbito”.

El ministro explicó que antes había una restricción en relación al tiempo que una persona debe estar viviendo en determinado municipio para ser candidato a alcalde o un departamento para ser gobernador; pero con el fallo del TCP ya no es posible negar el derecho a postular por esas condiciones, menos por estar fuera del país en calidad de refugiado, comentó.