Medio: ANF
Fecha de la publicación: lunes 28 de marzo de 2022
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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Por denunciar y defender su territorio ante un avasallamiento minero en el valle de Zongo del departamento de La Paz, la amauta de justicia Marcela Quisbert de 60 años fue procesada. El argumento para esa causa fue por “insultar” y “faltar el respeto en idioma nativo” a un funcionario del Ministerio de Gobierno. Pero, ella solo pedía justicia ante las acciones irregulares que venía cometiendo un empresario minero que comenzaba a extraer minerales en esa región pese a la oposición de los comunarios que temían por los riesgos ambientales y los desplazamientos forzosos.
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Marcela relata a la ANF que su proceso surgió después de denunciar en aymara a un empresario minero que avasallaba su territorio.
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La Paz, 28 de marzo (ANF).- Por denunciar y defender su territorio ante un avasallamiento minero en el valle de Zongo del departamento de La Paz, la amauta de justicia Marcela Quisbert de 60 años fue procesada. El argumento para esa causa fue por “insultar” y “faltar el respeto en idioma nativo” a un funcionario del Ministerio de Gobierno. Pero, ella solo pedía justicia ante las acciones irregulares que venía cometiendo un empresario minero que comenzaba a extraer minerales en esa región pese a la oposición de los comunarios que temían por los riesgos ambientales y los desplazamientos forzosos.
Marcela relata a la ANF que su proceso surgió después de denunciar en aymara al empresario minero que sin consultar previamente a los comunarios y desplazarlos de sus territorios comenzó a operar para extraer oro en esa región.
Antes de ser denunciada, revela que ante la inminente amenaza del avasallamiento minero varias autoridades indígenas del lugar se organizaron en el marco de sus competencias de justicia indígena para impedir esa actividad y expulsar al empresario minero en junio del 2010 por abusos y daños al medioambiente.
“Pensamos que ganamos la batalla”, recuerda, sin embargo Tras esta decisión las autoridades originarias de Zongo comenzaron a ser procesadas penalmente a denuncia del empresario minero. El 2013 cuatro representantes fueron detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, otros 40 fueron enjuiciados por diferentes delitos. “El miedo era grande”, recuerda.
“Yo le estaba explicando sobre el avasallamiento y me defendía con base a la Constitución porque el empresario minero estaba avasallando nuestro territorio. Yo soy aymara hablante y ese mi idioma le estaba hablando a un representante del Ministerio de Gobierno y en ese instante, me dice ‘me estás faltando el respeto, no te entiendo’ y él comienza hablar en quechua, yo ahí le digo, tampoco te entiendo, ahí se rompe el diálogo y me procesan por faltar el respeto a la autoridad. Dice que lo he insultado en mi idioma y que por eso me han procesado solo por defender a mis autoridades y mi comunidad”, rememora.
El testimonio de Marcela es uno de los muchos que cuentan los líderes indígenas de tierras altas del territorio nacional. Los representantes se reunieron en un evento impulsado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) regional Altiplano en la ciudad de Oruro, donde compartieron experiencias sobre un proceso de formación sobre defensa de derechos y autonomías. También revelaron las constantes vulneraciones que sufren en sus territorios de parte de empresas mineras, agroindustriales, agricultores y hasta el Gobierno.
El director de CIPCA regional Altiplano, Freddy Villagómez, afirma que varios de los defensores enfrentan dificultades al momento de reclamar sus derechos, algunos son procesados, encarcelados y perseguidos sin respetar la justicia indígena originaria.
“Varios de los defensores han enfrentado todo tipo de dificultades en el camino de de reclamar sus derechos. En el caso de Zongo, las autoridades han sido procesados y encarcelados por la justicia ordinaria, lo mismo ha pasado en varias regiones donde no se respetan las resoluciones de las comunidades”, señala.
Agrega que entre los reclamos más comunes en las comunidades de tierras altas son el derecho a la consulta, la representación política directa y el respeto a la justicia indígena.
Arminda Velasco, una representante de tierras altas, señala que una de las dificultades que atraviesan en su comunidad es el tema de competencias entre justicia ordinaria y indígena originaria.
“El tema de competencias entre justicias ordinaria que quiere atropellar a las decisiones de la comunidad, hay casos donde solo los ayllus y las autoridades originarias pueden intervenir, sin embargo muchas veces la justicia ordinaria quiere intervenir pese a que en la Constitución dice que podemos aplicar nuestra justicia indígena, pero no respetan”, asegura.
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