A las altas autoridades del sistema de justicia boliviana ya nada les provoca vergüenza ni causa incomodidad. Los informes de organismos internacionales como el GEIE, los Comités de la ONU o el relator para la Independencia de Jueces y Fiscales sobre la situación de la justicia, sus efectos sobre la vida de las personas, la democracia y los DDHH, les tienen sin cuidado. Con sentencias rocambolescas redactadas en extensos documentos pretenden impresionar a una población a la que consideran su igual en ignorancia y empujan a todo el sistema de justicia a un precipicio en cuyas paredes y el fondo solo existe estiércol mal oliente que enrarece todo el ambiente social del país.

Tan cierto es que a escasos meses y semanas de los informes de los organismos señalados, con total desparpajo, jueces, fiscales, Tribunal Constitucional y altos mandos de la Policía boliviana vuelven a ocupar las primeras planas de la prensa por motivos de los más diversos y gravísimos: liberación de condenados sin derecho a indulto por delitos de asesinato, violación sexual, feminicidio y otros; por favorecer con imputaciones por delitos menores a los que realmente fueron perpetrados como aquel de enriquecimiento ilícito en lugar de narcotráfico para evitar que un importante funcionario antinarcótico, muy cercano al jefe vitalicio del MAS, sea extraditado; la entrega de 331 kilos de oro incautado por contrabando al mismísimo autor del delito encontrado en flagrancia; y como si todo eso fuera poco, la grotesca sentencia constitucional que no solo declara violados los derechos políticos de Evo Morales al negarle el Tribunal Supremo Electoral su postulación a senador por Cochabamba, sino que condena con pago de costas, daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente, en clara ostentación de un trato especial y diferenciado con los cientos de casos que le tocó decidir al espurio tribunal.

Sin embargo, lo que parece tratarse de actos de corrupción de los directamente ejecutores a los que en algunos casos se les destituye en el acto, sin derecho a proceso administrativo y se los expone al escarnio público, no es sino una pantomima; la población informada sabe que ellos/as son simples operadores que canalizan dinero sucio para beneficio de quienes se encuentran en la cúspide del poder y a los que se les sacrifica o premia con otros cargos.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontaño@gmail.com