La corrupción judicial siempre ha existido en Bolivia y parece haberse “institucionalizado” a todo nivel. Salvo excepciones, el poder judicial funciona como un mercado con diferentes tarifas, donde tienen que pagar los mismos candidatos a jueces para ingresar al sistema y los litigantes por las resoluciones que emiten esas autoridades. Las sentencias condenatorias a personas inocentes (caso Jhiery Fernández, La Paz, y Reynaldo Ramírez, Santa Cruz) y la liberación de feminicidas, violadores, etc., las reiteradas denuncias de consorcios de jueces, fiscales y abogados, son algunos de los últimos casos de corrupción judicial, que han impactado a la opinión pública.

La corrupción judicial destruye la independencia e imparcialidad judicial y genera pérdida de credibilidad respecto al sistema en su conjunto. El informe de percepción ciudadana “contextos y Escenarios Prospectivos” sostiene que el Órgano Judicial tiene desaprobación del 97% y la policía 89%. En un sistema de corrupción generalizada (como el que existe en Bolivia), los jueces tampoco pueden exigir la responsabilidad de la autoridad pública abusiva y corrupta, si ellos mismos incurren en actos de corrupción o forman parte de una estructura de poder decadente y mafiosa.

Los actos de corrupción aumentan el costo de acceso a la justicia, y la ciudadanía reacciona acudiendo menos a los tribunales, porque percibe al sistema como parcializado, paquidérmico, incierto, costoso y de “pobre calidad”. Los numerosos casos de “justicia por mano propia”, que salvajemente ha cobrado la vida de varias personas, debe constituir una verdadera llamada de atención. El modelo de justicia del MAS no solo ha terminado con la institucionalidad e independencia del poder judicial, sino que lo ha instrumentalizado para sus fines políticos. A cambio, el MAS permite y fomenta la corrupción, como el mejor incentivo, a sus fieles aliados judiciales. 

La Fundación para el Debido Proceso Legal considera que son actos de corrupción judicial, la conducta de un juez o empleado judicial que vulnera el principio de imparcialidad en un proceso judicial, con miras a la obtención de un beneficio indebido e ilegal para sí mismo o para un tercero (típico tráfico de influencias).El listado de actos ilegales incluye el prevaricato, la detención preventiva indebida, extravío de expedientes; alteración de folios; manipulación de las notificaciones; falta de motivación de las resoluciones; las excusas y recusaciones sin motivos, etc. 

La retardación de justicia constituye un incentivo directo para la corrupción judicial y ésta tiene como protagonista no solo a los jueces, fiscales y policías, sino también a los funcionarios subalternos o administrativos de los tribunales. Aunque hay excepciones, el oficial de diligencias, que tiene que notificar dentro de unos plazos perentorios cada acto procesal, no cumple el mandato legal, salvo que reciba un fuerte incentivo económico (estos funcionarios tienen y cambian de vehículos periódicamente). Este funcionario recibe dinero para agilizar (retrasar o no realizar) un procedimiento, la pérdida del expediente, ocultar o perder pruebas, que permitan absolver o condenar a un acusado.

La corrupción generalizada tiene efectos negativos en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de la población. Aparte de sus connotaciones éticas y sociales, la corrupción provoca un costo social en la medida en que las decisiones son ejecutadas por funcionarios públicos sin tomar en cuenta las consecuencias adversas (externalidades negativas estáticas y dinámicas) que ellas tienen sobre la comunidad. La corrupción así trastoca e invierte los valores esenciales como la transparencia, honestidad, la vocación de servicio, etc.

Sin embargo, cuando el poder judicial no ha tenido la capacidad ni la convicción de “limpiar y desinfectar primero la casa” (las prácticas corruptas no vienen solas y se reproducen a granel), muy difícilmente estará en condiciones de luchar efectivamente contra la corrupción externa. En cualquier caso, combatir la corrupción judicial es la condición sine que non para la implantación de políticas públicas contra la corrupción en general.  Y como sostiene un autor, ningún país está exento de sufrir una epidemia o una peste, pero cuando se contagian los médicos que deben combatirla, parecería que la encrucijada es gravísima, como la que atraviesa el poder judicial.

William Herrera Áñez es jurista y autor de varios libros.