La conformación de Comités para la Reforma Judicial, primero en Oruro y ahora en La Paz, da cuenta, por un lado, de la conciencia ciudadana respecto de la crisis judicial, pero por el otro de la decisión cada vez más extendida de encarar su solución vía la reforma parcial de la Constitución, con un referendo de iniciativa popular. Ya no se trata sólo de repudiar la tragedia judicial, tampoco de pedirle al Gobierno que la solucione, sino de impulsar la reforma como una tarea ciudadana.

Se ha conocido hace 10 días un estudio cualitativo de opinión de la Fundación Friedrich Ebert, en el que de 119 personas generadoras de opinión, el 57 por ciento considera que la crisis de la justicia es el principal problema del país, muy por encima de la crisis económica que está en segundo lugar con el 37,8 por ciento. Y es prácticamente unánime el criterio con respecto a la necesidad de la reforma, que el 96,6 por ciento considera “muy importante”, siendo sobresaliente que el 64 por ciento cree que el camino de su encaramiento pasa por una reforma parcial de la Constitución, a la que “estarían dispuestos a apoyar”.

Es muy probable que mediciones cuantitativas ratificarán este criterio generalizado sobre la crisis judicial, la reforma urgente y el camino de sus soluciones, y eso es lo que está a la base de este impulso ciudadano de organizarse en comités departamentales para impulsar un proceso que, con la reforma, debe apuntar a la transformación de la administración de la justicia.

La propuesta de reforma tiene ya perfiles definidos, aunque su formulación final deba completarse con otras iniciativas que los mismos comités deben recoger o generar, pero está claro que, en un primer gran momento reformador, debe buscarse y lograrse independencia, idoneidad e imparcialidad de los jueces, modificando la forma de selección y elección de los “supremos” para, a partir de ellos, conformar o reconformar todo el cuerpo judicial en base a méritos e idoneidades; debe lograrse un presupuesto mínimo anual del 3 por ciento para un buen servicio judicial, presupuesto que, inscrito en la Constitución, deberá ser bien administrado por un nuevo Consejo de la Magistratura; y tiene que conseguirse una ampliación cualitativa del servicio judicial, tanto para los pueblos indígenas, como para las ciudades, con la justicia originaria y los jueces citadinos de paz.

Jueces independientes, servicio judicial digno y justicia para todos: es la frase que bien puede resumir la profundidad a alcanzar con la reforma, con lo que queda igualmente claro que el mecanismo es el de la reforma parcial de la Constitución.

Lo nuevo e importantísimo es que el planteamiento ciudadano está dejando de ser una demanda o una reivindicación frente al gobierno y al Estado, y está convirtiéndose en un desafío de la propia sociedad. Y es que es cada vez más evidente que la crisis judicial, siendo centenaria, ha sido agravada al extremo por el comportamiento autoritario de los gobernantes quienes, por lo demás, carecen de voluntad política y de propuestas de reforma verdaderas. Los expertos del GIEI entregaron en julio de 2021 un informe al Gobierno, recomendando con urgencia la reforma judicial, y después de ocho meses no ha pasado nada, al extremo que este 22 de marzo, ante el reclamo de la Comisión IDH, el Gobierno ha tenido que conformar una “mesa de seguimiento e implementación a las recomendaciones del GIEI”. Igualmente, el relator García-Sayán, así sea preliminarmente, ha dejado un largo listado de los males que tiene la justicia boliviana que, en su mayoría, no los ha asumido ni reconocido el Gobierno en sus “planes de reforma”. Quedó claro que, con su apreciación crítica, el Relator defraudó la expectativa gubernamental que invitó a García-Sayán para que validara sus acciones. 

Por eso, porque ya no se espera casi nada del Gobierno, es que el camino de la reforma judicial es el de la iniciativa ciudadana, amparada y prevista en la propia Constitución. Para ello, sin duda, la organización ciudadana en comités en todos los departamentos es vital. 

La propuesta consensuada debe pasar por dos instancias estatales, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, para obtener los libros, en los que tiene que lograrse la adhesión firmada y comprobada de por lo menos 1.5 millones de ciudadanos, con lo que el camino de las urnas y por tanto de la reforma estará expedito.

Y esa tarea, que encarna una gran cruzada nacional por la justicia, deberá desplegarse este 2022 y completarse a más tardar el primer cuatrimestre de 2023, para impedir que se repita y perpetúe el engaño de “nuevas elecciones judiciales”, como ocurrió en 2011 y en 2017.