Desde el 22 de febrero, cuando una comisión de fiscales secuestró documentos de las oficinas de la Gobernación de Potosí, el Ministerio Público no ejecutó ningún otro actuado público en el marco de las investigaciones del caso “ambulancias fantasmas” que involucra Jhonny Mamani, la primera autoridad del departamento que fue elegida por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde la oposición, advierten de “una estrategia jurídica para proteger” a la autoridad, mientras que en el Ministerio Público aseguran que actúa de acuerdo con los plazos “normales”.

Mamani está acusado de ocho delitos de corrupción, entre ellos falsedad ideológica y material, por haberle comprado 41 ambulancias a la observada empresa Estefals Logistics. El contrato fue aprobado por Bs 20,5 millones, pero fue anulado por las irregularidades detectadas en el proceso. Además, en Potosí se detectó la compra “directa y sin licitación” de cinco camionetas, Toyota Hi Lux, para la Policía. Se erogaron Bs 2 millones para adquirir esos motorizados que, sin embargo, no están habilitados para el país, pues tienen motores Euro-4, una tecnología que demanda combustible de un octanaje que no se fabrica en el país. En el caso de las ambulancias, existe la misma irregularidad tecnológica.

La diputada Lissa Claros, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), fue una de las autoridades que denunció a Mamani. Accedió al cuaderno de investigaciones y ayer, informó que a un mes de la requisa en la Gobernación “los fiscales ni tocaron los documentos que requisaron el 22 de febrero”.

Claros señaló que el Ministerio Público no ha solicitado medidas cautelares, ni pidió una alerta migratoria para impedir que alguno de los implicados salga del país. De hecho, el propietario de Estefals Logistics, Humberto Huanca, “ya no estaría en Bolivia”.

“Lo único que dice la fiscal Roxana Choque es que está dentro de los plazos y tiene seis meses para investigar. Nosotros hemos enviado una nota al fiscal general Juan Lanchipa para ver que esto pueda avanzar a través de él, porque ya existe un informe de la Procuraduría que señala responsabilidades que se puedan investigar”, remarcó la diputada Claros.

Choque aseguró que el proceso de investigación “está dentro de los plazos para el procedimiento penal” y aseguró que desde que comenzaron las pesquisas “se han hecho muchísimas cosas”.

“Se ha secuestrado documentos, se hicieron allanamientos, se tomaron declaraciones testificales y varios otros actuados que están a cargo de una comisión de fiscales”, remarcó Choque.

El caso estalló el 14 de enero, cuando EL DEBER publicó una primera investigación periodística que señalaba que las 41 ambulancias habían sido entregadas el 31 de diciembre de 2021, pero para esa fecha los motorizados no habían llegado al país. De ahí, que el caso se quedó como el de las “ambulancias fantasmas”.

El 19 de enero, Lanchipa indicó que la entidad no iba a investigar de inmediato porque no “había una noticia fehaciente” que permita activar ese procedimiento.

Mamani, por su lado, dijo que no iba a renunciar. Esta semana estuvo en La Paz y visitó la Casa Grande del Pueblo.