El Movimiento Al Socialismo (MAS) es un partido de arcas llenas. Los funcionarios públicos de los diferentes niveles del Estado en los que gobierna ese partido hacen aportes de su salario de forma obligatoria. Esta modalidad, que ya regía desde hace años, ha quedado legalizada por el estatuto partidario que fue aprobado el año pasado.

La escala de aportes establece que quienes ganan por encima de los 20 mil bolivianos deben aportar 3% de sus salarios, los que ganan más de 10 mil deben entregar el 2% de sus sueldos y quienes perciben menos de 10 mil bolivianos deben dar 1% de su ingreso cada mes para el funcionamiento del partido. Entre tanto, los militantes rasos están obligados a aportar un boliviano cada mes.

Proyecciones hechas por este medio en función al número de autoridades, funcionarios públicos y militantes dan como resultado que el MAS llegaría a acumular cada año al menos 21 millones de bolivianos sólo por aportes establecidos en el estatuto.

Precisamente por eso, ha llamado la atención que el MAS haya establecido un nuevo aporte de sus autoridades electas, esta vez para financiar la inscripción de militantes. El líder de esa fuerza política, Evo Morales, ha explicado que las autoridades electas de ese partido deberán aportar otros 20 mil bolivianos por cada nivel estatal y por cada departamento. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, deben entregar 20 mil bolivianos la bancada departamental del MAS, el gobernador y los asambleístas, los alcaldes y concejales y las instituciones presididas por el oficialismo, haciendo un total de 80 mil bolivianos por cada departamento.

Además, en etapa electoral, el MAS es el partido que recibe la mayor cantidad de financiamiento estatal porque es el más votado en las elecciones previas.

Como se puede ver, a Evo Morales le toca administrar un partido en bonanza y, según las normas, debe rendir cuentas a sus militantes y presentar sus estados financieros una vez al año al Órgano Electoral.

Son conocidos los malestares de funcionarios públicos que, sobre todo en época electoral, se quejan por los descuentos obligatorios para financiar las actividades de campaña. Pensando en ellos es que la dirigencia del MAS debería garantizar la transparencia de los recursos recaudados y el Tribunal Supremo Electoral debería prestar atención a los métodos de cobranza.

La Ley de Organizaciones Política, por ejemplo, prohíbe que los superiores obliguen a sus subalternos a hacer aportes partidarios, pero es también sabido que justamente ese es el método utilizado en las instituciones públicas para hacer las cobranzas.