La Asamblea Extraordinaria de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), en Santa Cruz, ratificó su demanda en el cumplimiento de los procesos de consulta previa, libre e informada hacia las comunidades indígenas.
Esto se aplica para cualquier empresa u operadora que "pretenda desarrollar actividades de extracción de recursos naturales al interior del territorio", además de "coordinar" estas acciones con la organización del territorio, de acuerdo con el pronunciamiento público de estas poblaciones.
“Las 29 comunidades del territorio en el marco de nuestra libre determinación ratificamos la decisión orgánica de que todo acceso de empresas mineras en el territorio debe realizarse cumpliendo de manera obligatoria con la consulta previa en el territorio indígena Monkoxi de Lomerío, el cual debe realizarse con el directorio de la CICOL, por lo que las comunidades no pueden, ni podrán recibir a ningún operador minero sin conocimiento de nuestra organización”, expresan en la resolución que emitieron.
La decisión se asumió durante la asamblea extraordinaria que realizaron las 29 comunidades dos días atrás. En la misma, precisamente, abordaron la problemática minera por la que atraviesa la comunidad Coloradillo, donde se estaría realizando la explotación de minerales "en situaciones de desventaja para la comunidad", según reflejó el portal cejis.org.
Durante la Asamblea, los indígenas denunciaron que los operadores mineros "pretendían engañar" a las comunidades. Alegan que presuntamente les pedían firmar documentos y convenios que ponían en "desventaja" a la comunidad frente a las empresas mineras.
La resolución expresa de manera específica su rechazo al área de operación minera representada por Marcia Delgado, la que estaría operando en la comunidad Coloradillo.
El cacique general de la CICOL, Anacleto Peña, indicó que esta minera, denominada Cuba y Morales, habría pretendido la firma de un convenio con las autoridades de la comunidad donde se expresaba que “de manera voluntaria, el empresario va a hacer efectivo un aporte de 10 bolivianos por volqueta de feldespato transportado y cinco bolivianos por (cada) kilogramo extraído de Estaño”. Así lo explicó el cacique al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
“Para nosotros es muy humillante esa parte. Por eso decidimos apoyar a la comunidad (Coloradillo). Humillante por el precio, por el trato que hace la empresa a la comunidad”, expresó Peña.
La autoridad indicó que el convenio de explotación se habría firmado solo entre la empresa minera y la empresa beneficiaría de la explotación de estos recursos, dejando de lado a la comunidad Coloradillo, a la que solo habrían pretendido otorgar montos económicos mínimos por este trabajo.
Asimismo, la Asamblea delegó a la organización de la CICOL la redacción de un reglamento que regule el ingreso de las operadoras mineras al territorio e iniciar las acciones legales para le revocatoria de las áreas de operación minera existentes en el territorio.
