Ni el informe de la Procuraduría General del Estado, que atribuye responsabilidad al gobernador de Potosí Jhonny Mamani en la compra presuntamente fraudulenta de 41 ambulancias, consiguió que la Fiscalía potosina lo convoque siquiera a declarar. La Asamblea Departamental decidió enviar el informe, tras su lectura y un corto debate, a una comisión que ya dejó de funcionar.

Otro es el panorama en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde diputados y senadores del MAS son cada vez más críticos y advierten que el Gobernador “se corrompió” con este caso.

La Asamblea Legislativa potosina remitió a una comisión especial el informe de la Procuraduría General del Estado sobre las 41 ambulancias. Legisladores opositores denunciaron que esa comisión ya terminó su trabajo, así que fue como mandar a archivar el caso. El documento de la Procuraduría advierte “indicios evidentes” de responsabilidad en la gestión del gobernador, Mamani.

El asambleísta Jaime Flores (MOP) informó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría y, en lugar de abrir procesos contra los responsables, envió el documento a esa instancia.

“Se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de 41 ambulancias, que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el gobernador de Potosí”, señala el documento.

Se trata de la Recomendación Procuradorial 004/2022 que fue enviada el 11 de marzo a Óscar Gilamita Conde, responsable de la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. El documento señala que esas responsabilidades corresponden a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en este caso el gobernador Jhonny Mamani; el Responsable de Proceso de Contratación (RPC), René Luis Loayza Gallardo, además de los profesionales del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que firmaron el “acta de recepción” de esas ambulancias, pero sin la presencia física de esos motorizados.

Este documento fraudulento se firmó el 31 de diciembre de 2021 e inmediatamente después se giraron cuatro cheques por un total de Bs 20,5 millones en favor del vendedor, Humberto Huanca, dueño de la empresa Estefals Logistics.

“De esta forma se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de 41 ambulancias, que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el gobernador de Potosí”, señala el documento divulgado ayer desde la Unidad de Transparencia de la administración departamental.

El analista Marcelo Arequipa señaló que la Fiscalía potosina ha demostrado que no tiene la voluntad de llevar adelante este caso, por lo que sugirió que sea trasladado a La Paz.

Críticas oficialistas

En la sede de Gobierno, asambleístas del MAS señalaron que el gobernador potosino cometió corrupción y por ello debe pagar las consecuencias.

El senador oficialista Félix Ajpi, manifestó que deben manifestarse el Ministerio Público, la Contraloría y el Procurador General del Estado. "Nosotros vamos a exigir que se actúe de acuerdo a ley. No podemos disculpar ni pasar por alto lo evidente”, dijo.

Complementó, en alusión al gobernador, que “la compra de las ambulancias tiene muchas irregularidades, y debe ser indagada a fondo. Hemos realizado varias peticiones de informe a la autoridad potosina, al Ministerio de Justicia, y a otras instancias y luego nos manifestaremos al respecto”, acotó.

Por su parte, el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, denunció que el MAS protege al Gobernador. “Fue una invitación completamente ilegal, esto debe ser investigado y se debe sancionar a los responsables de esta importación chuta. Nuestra bancada de Potosí trabaja en la investigación para que esto se aclare y no se vuelva a repetir. El gobernador cree que por tener el respaldo de Evo Morales puede malgastar los dineros del Estado y hacer lo que le de la gana”.

Su colega del MAS, Héctor Arce, fue aún más duro en sus críticas. “Lamentablemente cada día es más frecuente escuchar denuncias contra servidores públicos que en el camino se corrompen. Hay servidores públicos que tienen la mentalidad de delinquir, de hacer la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo posible. En este caso, Mamani tendrá que responder”.

Hechos

Cero tolerancia

El diputado Héctor Arce reiteró que el MAS no puede tolerar hechos de corrupción, “y esta gente debe recibir el peso de la ley de la manera más drástica para sentar precedente”, dijo.

Llegada
El sábado por la noche atracó en el puerto de Iquique un barco de la naviera sudcoreana Eukor con 41 ambulancias Toyota Land Cruiser. En la puerta izquierda de cada motorizado está inscrito el logotipo de la gobernación de Potosí y en la parte derecha una combinación de la tricolor boliviana con la wiphala, dos de los símbolos nacionales del país.

Anulación
La administración departamental debía erogar Bs 20,5 millones por los vehículos. Sin embargo, en medio de un escándalo se procedió a anular el contrato.