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La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, llegó al país para activar el seguimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política de 2019.
El grupo investigó la violencia que afectó al país entre septiembre y diciembre de 2019 y en su informe consideró “que el sistema de justicia en Bolivia necesita reformas para que sea independiente, transparente y capaz de impartir justicia a todos los ciudadanos”.
El informe señaló, además, “que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”, una condición detectada durante el gobierno de Evo Morales y el periodo transitorio de Jeanine Áñez.
“Llegamos a La Paz una delegación de la CIDH liderada por la secretaria ejecutiva y el comisionado Joel Hernández para instalar la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG Bolivia)”, escribió Jaime Vidal, el coordinador del grupo de expertos, en su cuenta en Twitter.
El jurista precisó que a partir de este miércoles sostendrá reuniones con autoridades del Estado, asociaciones de víctimas de la crisis de 2019 y sociedad civil para abordar los objetivos que tendrá esta mesa de seguimiento y su cronograma de trabajo.
El GIEI estableció que en 2019 hubo ejecuciones sumarias y masacres en Sakaba y Senkata donde perdieron la vida 22 civiles. Estableció, además, la participación de autoridades vinculadas al MAS en la vejación y emboscada de Vila Vila contra estudiantes de Potosí.
El grupo de seis expertos independientes presentó, el pasado 3 de marzo al consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el informe sobre Bolivia. Allí precisó que, como resultado de su trabajo, no se estableció si en el país hubo “un golpe de Estado” o un “fraude electoral” en 2019.
