A través de un comunicado, más de 60 instituciones advirtieron el grave peligro que atraviesa la biodiversidad del Parque Natural y Área de Manejo Integrado Madidi, por lo cual urgieron al Estado a salvar este reservorio natural y se anule las concesiones mineras que lo ponen en riesgo.

"Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento demandamos la anulación de las concesiones mineras peligrosas, principalmente aquellas otorgadas en territorios indígenas y áreas protegidas, para anteponer los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente, y en procura de promover otras opciones viables de actividad productiva que no dañen los bienes comunes", dice el comunicado.

El texto agrega: "Salvar al Madidi es una responsabilidad urgente del Gobierno, tarea en la que puedan ser coadyuvantes los niveles departamentales, municipales y la sociedad civil. La determinación y acciones que se asuman ahora quedarán en la memoria y en la historia".

Las instituciones señalaron que las cooperativas auríferas realizan sus actividades con dragas y uso de mercurio, este último generador de contaminación de ríos, aire y tierra, con riesgos irreversibles para la salud humana y de otras especies.

Recordaron que, con base en 350 muestras científicas, el Coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, Colombia, Jesús Olivero, advirtió antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, en Bolivia, tienen entre siete y hasta 27 veces más de lo tolerable por el organismo humano.

El consumo de pescado en la alimentación indígena afecta a varios sistemas del organismo; pero en el análisis también detectaron pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales, "sobre todo en aquellas personas con elevada contaminación por mercurio", indica el comunicado. 

Según las instituciones, esta "ambición por el oro se ha puesto por encima de la propia Constitución Política del Estado" y "vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación". 

Asimismo, señalaron que la actividad aurífera, evade y elude el pago de regalías, de modo que su aporte al Estado es casi nada. 

Indicaron que el Estado tiene la atribución de resguardar ciertas áreas de su territorio donde no se deberían permitir actividades que afecten a su preservación, y que normativa vigente no libera de la responsabilidad que las autoridades de Gobierno tienen para evitar la destrucción de áreas protegidas, de la biodiversidad y de la subsistencia de pueblos indígenas.