La Procuraduría General del Estado encontró “indicios evidentes” de responsabilidad en la gestión del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por la adquisición irregular de 41 ambulancias para los municipios de ese departamento. Por eso, la entidad estatal que está a cargo de Wilfredo Chávez será parte activa de los procesos penales que se iniciaron en este caso.

Se trata de la Recomendación Procuradorial 004/2022 que fue enviada el 11 de marzo a Óscar Gilamita Conde, responsable de la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. El documento señala que esas responsabilidades corresponden a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en este caso el gobernador Jhonny Mamani; el Responsable de Proceso de Contratación (RPC), René Luis Loayza Gallardo, además de los profesionales del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que firmaron el “acta de recepción” de esas ambulancias, pero sin la presencia física de esos motorizados.

Este documento fraudulento se firmó el 31 de diciembre de 2021 e inmediatamente después se giraron cuatro cheques por un total de Bs 20,5 millones en favor del vendedor, Humberto Huanca, dueño de la empresa Estefals Logistics.

“De esta forma se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de 41 ambulancias, que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el gobernador de Potosí”, señala el documento divulgado ayer desde la Unidad de Transparencia de la administración departamental.

Pero, ese desembolso fue bloqueado en el Ministerio de Economía porque se detectaron varias irregularidades. Los recursos se intentaron cobrar “con mucha insistencia por parte de la Gobernación”, según supo esta redacción. Además, el cobro se intentó efectivizar a pocas horas de la finalización del año fiscal 2021 y la fecha de caducidad del Decreto 4432 que permitía a las entidades públicas la compra de insumos para enfrentar la pandemia. Las ambulancias estaban contempladas dentro de los bienes que se priorizaron para este fin.

El reporte detalla que, durante el proceso de contratación, se vulneraron al menos tres procedimientos relacionados con la adquisición de bienes del Estado, entre ellos la responsabilidad de Mamani de ejercer a plenitud la adquisición de estas ambulancias.

El gobernador no atendió ayer los requerimientos de esta redacción. Eso sí, Mamani llegó hasta la Fiscalía de Potosí para presentar una denuncia contra Huanca por el delito de falsedad ideológica que pudo materializarse por el uso de su nombre en el proceso de importación de los motorizados.

El sábado por la noche atracó en el puerto de Iquique un barco de la naviera sudcoreana Eukor con 41 ambulancias Toyota Land Cruiser. En la puerta izquierda de cada motorizado está inscrito el logotipo de la gobernación de Potosí y en la parte derecha una combinación de la tricolor boliviana con la wiphala, dos de los símbolos nacionales del país.

Estos motorizados abordaron en el puerto Jebel Ali de los Emiratos Árabes Unidos, pues se adquirieron de una concesionaria en Dubai y no directamente de la empresa japonesa que los fabricó. La encomienda partió el 23 de noviembre de 2021, tres días antes que Estefals Logistics y Mamani hubieran oficializado el contrato 215/2021 que avaló esta compra.

Mamani afirmó que no conocía los detalles de la importación y descargó toda la responsabilidad en Estefals Logistics. La autoridad no dio otros detalles o descargos sobre el resto de las irregularidades que se cometieron en el caso.

El informe de la Procuraduría General del Estado también señaló que Estefals Logistics cometió varias irregularidades, entre ellas presentarse al proceso sin los documentos completos y con un Número de Identificación Tributaria (NIT) ajeno o “prestado” de un taller de reparación automotriz.

En el documento, Wilfredo Chávez señala que el 2 de febrero de 2022 se hizo una consulta a Impuestos Nacionales que no halló el NIT de Estefals Logistics “como contribuyente”, un aspecto que es inexcusable para que una empresa pacte negocios con el Estado.

Por eso, la Procuraduría estableció falencias en la Unidad Jurídica de la Gobernación de Potosí. “No verificó que el contratista pueda cumplir materialmente las obligaciones contraídas, no hizo seguimiento de plazos y ante la identificación de irregularidades o ilícitos, no promovió acciones”.

Mamani anunció el 23 de enero la anulación del contrato con la empresa de Huanca, pero el 14 de marzo recién oficializó esa decisión a la Asamblea Legislativa Departamental. Avisó, en un informe, que no se iba a ejecutar la “póliza de garantía”. En un informe enviado a la entidad legislativa, señala que hacerlo “sería como reconocer la validez de un contrato irregular” que, sin embargo, fue firmado por él.

En la Fiscalía existen tres procesos legales por este caso, pero la entidad no mostró ningún avance en el proceso de investigación ni se activó ninguna imputación.