Nadie del Estado se hace responsable por la muerte de Franklin Delgadillo, un joven de 22 años que perdió la vida por la disputa de un predio que se encuentra incautado. El deceso se produjo el fin de semana en el municipio de Ascensión de Guarayos. La víctima formaba parte de un grupo de campesinos que ingresó a los terrenos incautados al empresario Jacob Ostreicher, un proceso penal de legitimación de ganancias ilícitas que se lleva en los estrados judiciales hace más de 10 años.

Los principales acusados son Ostreicher, empresario norteamericano de origen judío, y Claudia Liliana Rodríguez Espitia ‘La Colombiana’. El primero huyó del país en 2013 después de estar detenido por 18 meses. Como parte de este proceso, la justicia embargó los bienes de los acusados, entre ellos un predio que tiene una extensión de 35.000 hectáreas.
Hace dos semanas, un grupo de 150 personas ingresó al predio denominado La Colina que después fue renombrada como La Estrella. El abogado de Rodríguez, Álvaro La Torre, denunció que la gente ingresó de forma violenta, asegurando que tenían el respaldo de autoridades de Gobierno y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Luego, estas personas se enfrentaron a otro grupo que llegó a desalojarlos la noche del sábado. En la refriega, Franklin Delgadillo perdió la vida por un impacto de bala, según el informe policial.
Al día siguiente, los avasalladores que se identificaron como miembros de la Federación Única de Trabajadores Campesinos bloquearon la ruta Santa Cruz-Beni exigiendo que se haga justicia y que se detenga a los responsables de esa muerte.
Pero dirigentes campesinos decidieron desconocer a este grupo de personas e indicaron que fueron expulsados al actuar bajo apetitos personales. Entre ellos está el cabecilla de la toma, Ricardo Delgadillo, padre de Franklin.

Familiares de Delgadillo, acusaron a De la Torre de ser el responsable de todo lo sucedido. Pero el jurista negó esta situación, además, dijo que cuando se produjeron los hechos él no se encontraba en el departamento.
Es más, el abogado sostuvo que hace una semana la Fiscalía sabía sobre esta situación y no tomó cartas en el asunto, pese a que incluso hizo llegar un memorial con fotos y los nombres de las personas involucradas en la toma.

Las acciones fueron negadas por el fiscal de Guarayos, Wálter Cisnero, que aseguró que está investigando la muerte de Delgadillo.
“Son las autoridades las que deben tomar cartas en el asunto. Por el momento no hay una denuncia por avasallamiento”, dijo.

Ante esta situación, EL DEBER consultó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) si tenía conocimiento del tema, pero desde la entidad indicaron que ellos no tenían ningún tipo de tuición porque el predio está incautado.
“Son predios incautados en el marco de la Ley 1008. Y como INRA nosotros no tenemos ninguna competencia”, sostuvo escuetamente el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, en contacto realizado por este medio.

Dircabi perdió los terrenos

De La Torre culpó a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de esta situación porque es la institución responsable de cuidar los bienes que son incautados, como el de su defendida.
Sin embargo, desde la entidad estatal informaron que en 2018 el juzgado cuarto en material laboral decidió entregar la custodia de estos predios a los trabajadores de la empresa Coliagro, de propiedad de Ostreicher y Rodríguez, ante la falta de pago de salarios y beneficios sociales. La idea era que los operarios trabajen la tierra para poder recuperar los más de Bs 3,5 millones que les debían los empresarios procesados.
Incluso Dircabi decidió apelar este fallo en 2019, pero nuevamente el juzgado decidió mantener el predio bajo la administración de los trabajadores.

“Ellos tenían que administrar el predio por cuatro años, pero han estado más tiempo y son los responsables de cuidar y velar por la seguridad del lugar”, indicó una fuente de la institución.
Desde la entidad estatal indicaron que los trabajadores no cumplieron, en especial el representante legal. Para tratar de resolver este problema Dircabi tiene previsto realizar una auditoría para revocar la administración de los bienes a los trabajadores a favor del Estado.

Es más, se tiene previsto realizar un convenio con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para que la estatal pueda administrar los terrenos que están en disputa.“Esto es algo que se ha planteado una vez que volvamos a tener el control de los predios”, indicaron desde Dircabi.

Otra fuente incluso sostuvo que en varias ocasiones los funcionarios de la entidad estatal fueron agredidos por las personas que ingresaron ilegalmente al predio. Que incluso indicaron tener el apoyo de 16 diputados del MAS.
Esta situación fue negada por el legislador Ángelo Céspedes, que aseguró que la bancada masista nunca apoyaría un hecho ilegal.
Jimmy Montaño, abogado de Ostreicher, señaló que desde el Gobierno central siempre hubo la intención de apoderarse de los bienes de sus clientes.
Por eso, para él, no es nada extraño lo que ha sucedido el último fin de semana.

Por otro lado, el Ministerio Público informó que, en coordinación con la Policía Nacional, detuvo a cinco personas después de varios operativos en la comunidad San Antonio del Junte, ubicada en Ascensión de Guarayos.
Según el reporte oficial, los aprehendidos participaron en la pelea que se cobró la vida de Delgadillo. Se tiene previsto que los acusados sean presentados hoy martes ante un juez cautelar en el municipio de Ascención.
Pero Salvador Vaca, abogado de tres de las personas arrestadas, denunció que la Fiscalía busca ‘chivos expiatorios’ para cerrar este caso de forma rápida. 

El abogado informó que sus defendidos fueron interceptados por un grupo de avasalladores que el domingo bloqueó la ruta Santa Cruz-Trinidad exigiendo que se dé con los culpables de la muerte.
“No sabían que había un bloqueo. Son cazadores de San Pablito. Ayer (domingo) fueron traídos de San Antonio del Junte por los bloqueadores que los encañonaron, porque son milicias armadas, y el Gobierno no quiere hablar de ello. Después los arrestaron y los redujeron”, señaló Vaca.
Incluso denunció que los jóvenes detenidos fueron obligados a firmar unos papeles sin la presencia de un abogado.
“Se busca un ‘chivo expiatorio’, no se sabe su situación jurídica. Se está actuando de manera extraña. Ellos son una familia, son tres hermanos y se están violando sus derechos constitucionales”, sostuvo el jurista.

“Es un predio incautado y cuatro comunidades pretenden tener posesión de los mismos terrenos, y sabemos que llegaron armados a tomar posesión”, aseguró.
Hasta el cierre de edición el grupo de campesinos mantenía el bloqueo exigiendo la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.

Pero Wilfredo Terrazas, desconoció a este grupo de personas que, según él actuaron, por ambición. “Están desprestigiando a nuestra comunidad diciendo que son de aquí. Es mentira, nosotros somos de la comunidad”, dijo.
El caso tiene mucha tela por cortar, pero lo concreto es que el sábado se escribió un nuevo capítulo sangriento en el conflicto de tierras en Santa Cruz.