Desde que asumiera sus funciones, hemos visto a un mediático Procurador, pero no siempre en las tareas que le encomienda la Constitución Política del Estado, que consisten en promover, defender y precautelar los intereses del Estado. 

Antes de su nombramiento, el Procurador, que es abogado, tenía como cliente al expresidente Evo Morales; era quien lo defendía en 29 querellas iniciadas en los estrados judiciales y actuaba como su vocero ante la prensa. Pero en cuanto el MAS volvió al poder fue nombrado Procurador y se suponía que había dejado de prestar sus servicios legales a un cliente para consagrarse a la función pública, es decir, a trabajar para todos los ciudadanos. 

Sin embargo, en cierto momento el Procurador dejó a un lado la defensa de los intereses estatales y comenzó a realizar funciones electorales. 

En efecto, llamó la atención que este funcionario público encabezara una campaña para lo que él denominó el “recuento de votos” de las elecciones de 2019, que según sus previsiones daría como resultado nada menos que la victoria del expresidente Evo Morales, su excliente; para tal cometido, al Procurador se le ocurrió que podía contar con el apoyo del Contralor, quien abandonó su profundo silencio para avalar que el informe de la OEA, que se refería a las manipulaciones dolosas en el fraude electoral de noviembre de 2019, no era una auditoría.

Respaldado en esta “base firme”-al fin y al cabo, lo había dicho el Contralor, quien sin embargo no tenía competencia en asuntos electorales-, el Procurador se disponía a dar inicio a su “recuento”, para lo cual incluso ya tenía un equipo de universitarios (a los que seguramente consideraba más idóneos que los expertos de la OEA…) con camisetas y gorras, cuando se enteró que en los procesos electorales rige el principio de preclusión, es decir, que cada acto de las elecciones no puede ser revisado ni se puede cambiar sus resultados. Naufragó así, sin pena ni gloria, esta curiosa iniciativa y de haber usurpado el rol del Tribunal Supremo Electoral el Procurador volvió a sus funciones. 

Pero en las últimas horas se ha conocido que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una sentencia que favorece e indemniza a Evo Morales, quien fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral para candidatear como senador por Cochabamba en los comicios de 2020. Ese recurso fue presentado por el actual Procurador cuando actuaba como abogado del expresidente y el sábado 19 se reunió con Morales en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino.

El Procurador, por tanto, no actúa como tal. Lo que no se sabe es si cumple a cabalidad sus funciones de defensor de los intereses del Estado y con qué grado de eficiencia. Está fuera de duda, sin embargo, que procura ante todo defender los intereses de quien fuera su cliente para que vuelva al poder. ¿Es Procurador o abogado de Morales? Tendría que tomar una decisión al respecto. Este caso revela también el profundo deterioro que ha sufrido la institucionalidad democrática al mando de políticos que ponen las entidades públicas al servicio de un caudillo.