La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) afirmó que la crisis que vive el Órgano Judicial fue impulsada por la injerencia de otros órganos del Estado y porque los jueces no cuentan con herramientas normativas para evitar que los delitos graves se beneficien con la libertad condicional.
El pronunciamiento fue leído el viernes por la presidente de Amabol, Grenny Bolling, quien a nombre de los 1098 jueces ordinarios, 63 jueces agroambientales, más de 160 vocales y personal de apoyo jurisdiccional, expresó su preocupación por los ataques a los operadores de justicia a raíz de lo que ellos consideran un hecho aislado con relación al caso Richard Choque en la ciudad de La Paz.
Sostienen que la condenatoria general, matizada por “injerencias directas de otros órganos” y ataques mediáticos, institucionales y de agrupaciones sociales, en la mayoría de los casos se torna irresponsable y hasta delictual porque vulnera los derechos al honor.
INTERVENIDOS
La entidad señala que 18 juzgados de ejecución penal fueron intervenidos sin normativa reglamentada y 11 jueces de ejecución penal fueron cesados sin respetar una trayectoria de décadas en el ejercicio de sus funciones.
Manifiestan que la opinión pública debe conocer que la génesis del problema de otorgar libertad condicional a personas condenadas inclusive por asesinato, feminicidio, violación, y otro tipo de delitos graves, se debe a un vacío de la Ley de Ejecución Penal.
