A través de un pronunciamiento, AMABOL sostuvo que la injerencia de los demás órganos del Estado impulsó la corrupción del sistema judicial.

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) afirmó que la crisis que vive el Órgano Judicial fue  impulsada por la injerencia de otros tres órganos del Estado y porque los jueces no cuentan con herramientas normativas para evitar que los delitos graves se beneficien con la libertad condicional.

El pronunciamiento fue leído el viernes por la presidente de Amabol, Grenny Bolling, que expresó su preocupación por los ataques a los operadores de justicia a raíz de lo que ellos consideran un hecho aislado con relación al caso Richard Choque en la ciudad de La Paz.

Sostienen que la condenatoria general, matizada por “injerencias directas de otros órganos” y ataques mediáticos, institucionales y de agrupaciones sociales, en la mayoría  de los casos se torna irresponsable y hasta delictual porque vulnera los derechos al honor.

La entidad señala que 18 juzgados de ejecución penal fueron intervenidos sin normativa reglamentada y 11 jueces de ejecución penal fueron cesados sin respetar una trayectoria de décadas en el ejercicio de sus funciones.

Manifiestan que la opinión pública debe conocer que la génesis del problema de otorgar libertad condicional a personas condenadas inclusive por asesinato, feminicidio, violación, y otro tipo de delitos graves, se debe a un vacío de la Ley de Ejecución Penal.

Indican que esta ley permite que todo reo condenado a un presidio de 30 años sin derecho a indulto, sea beneficiado con libertad condicional a los 15 años más 1 día o a los 20 años de cumplimiento de condena más otros dos requisitos.

Sugiere al Órgano Legislativo la creación de leyes que realmente solucionen la demanda de la sociedad en su conjunto, y no se atribuya al juez los efectos de la aplicación de las leyes creadas por el ente legislativo.

Anuncian que la próxima semana sostendrían un congreso nacional para plantear una propuesta de reforma judicial que surge desde la experiencia como operadores de justicia y conocedores de las falencias de las leyes en nuestro Estado.