Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Marzo, 21/2022)El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Mauricio Lea Plaza Peláez, explicó que el Decreto Supremo 4546 señala, de manera explícita, que los gobiernos autónomos departamentales como municipales y universidades públicas solo podrán apoyar con logística cuando el Gobierno así lo requiera para desarrollar el Censo Nacional de Población y Vivienda el próximo 16 de diciembre.

Enfatizó que esto deja al margen la participación de las entidades territoriales autónomas en el proceso de levantamiento de datos, coordinación sobre qué tipo de consultas deberá hacerse a la población y otros índices de medición que podrán ser utilizados para una eventual reestructuración del factor de distribución económica en Bolivia y sus regiones.

“Eso implica que el Gobierno Nacional, de manera centralista y entre gallos u medianoche, va a hacer este Censo sin la participación de las entidades territoriales que están directamente en relación con la gente y que podrían coadyuvar de manera directa y también dar su criterio sobre los temas que se van a tocar en el Censo, nos preocupa eso”, manifestó el legislador sobre el proceso venidero.

Lea Plaza recordó que los datos del Censo 2012 tardaron dos años en publicarse y calificó esto como un acto sospechoso, principalmente porque regiones donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) no goza de preferencia electoral, se vieron perjudicadas por la reducción de las transferencias económicas por parte del nivel central del Estado.

elAPUNTE

Pacto Fiscal

El diputado nacional, Gonzalo Rodríguez, aseveró que la realización de un Censo cuyos datos sean cuestionados puede acarrear problemas de índole político porque, en función de ellos, debe encararse el proceso de un nuevo pacto fiscal y la distribución de recursos, de acuerdo a criterios de población y otros. “En lo político inclusive puede determinar el cambio de la composición parlamentaria por departamento, hay una preocupación adicional porque el anterior censo tuvo un problema: no coincidieron los datos que dio el presidente de ese entonces con lo que oficializó el Instituto Nacional de Estadística (INE)”, acotó.