La transformación del sistema judicial debe comenzar en la universidad (pública y privada), ajustando la formación de los futuros operadores judiciales (jueces y fiscales) que ingresarán a la judicatura. Uno de los grandes problemas del poder judicial es que sus operadores no tienen una sólida formación científica, rica en valores y principios. La mediocridad y corrupción judicial (y todas sus secuelas) reflejan, en parte, la deficiente formación profesional.

Las universidades son “fábricas” de sacar abogados. Todos los que se aplazan o no pueden estudiar otra carrera, terminan estudiando derecho y, por lo general, son los que ejercen de jueces o fiscales. Los profesionales meritorios, idóneos, y altamente competitivos no ingresan al poder judicial no sólo por el riesgo de terminar involucrados en algún escándalo y estigmatizados, sino también porque no existe una verdadera carrera judicial (salvo en el papel), que garantice estabilidad, ascenso, reconocimiento social y una remuneración digna.

En general, las universidades tienen estudiantes del siglo XXI, profesores del siglo XX y sistema educativo del siglo XIX. Hay que repensar la malla curricular, depurar materias, incluir otras, contenidos mínimos, etc. Por ejemplo, se tiene que revalorizar e impartir derecho constitucional desde el primer año. Es lamentable constatar que esta materia ha sido históricamente menospreciada no sólo por los regímenes autoritarios sino también por los democráticos y el sistema universitario boliviano, al extremo que se viene impartiendo sólo un año (o su equivalente), como si se tratara de una materia secundaria.

Por cierto, pretender impartir en un año esta materia, tanto la parte sustantiva como la procesal, resulta materialmente imposible, ya que esta ciencia ha crecido exponencialmente a partir de la creación del tribunal constitucional boliviano. Con la finalidad de poder hacer un abordaje lo más completo posible del derecho constitucional, tiene que ampliarse su enseñanza como mínimo a tres años consecutivos, de modo que esta asignatura irradie toda su formación académica. Ninguna materia en efecto es más transversal como el derecho constitucional; por tanto, quien no estudie ni cultive, a lo largo de su carrera profesional, la Constitución, sus principios y valores, será menos profesional y podrá ser abogado (porque tiene el título de “pinche” licenciado), pero con unos conocimientos superficiales e insuficientes para ejercer como abogado en el mundo actual: totalmente competitivo y exigente.

Hay que repensar la enseñanza del derecho constitucional si queremos formar verdaderos juristas, capaces de redactar una demanda, y aplicar correctamente las normas (con el consiguiente adiestramiento en las tareas de selección, interpretación y argumentación) y, sobre todo, ciudadanos en condiciones de comprender críticamente el derecho y aportar soluciones a los problemas sociales, con mayor y mejor criterio que el sentido común del ciudadano medio.

Y como el derecho constitucional se ocupa fundamentalmente del Estado, hay que descender a sus entrañas y examinar sus elementos, sus atributos jurídicos, las funciones que cumplen a través de sus distintos órganos y las formas que revisten. Se tiene que buscar sus orígenes y el tránsito que ha tenido del Estado absoluto al Estado Constitucional de Derecho, así como las formas de gobierno. Hay que examinar los cuatro órganos del Estado, sus funciones, naturaleza jurídica, y atribuciones más relevantes, los órganos encargados del control y de la defensa de la sociedad y del Estado. El contenido mínimo debe incluir, además, el estudio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el control de convencionalidad, figura que crece exponencialmente en el derecho boliviano y Latinoamericano.

El derecho constitucional ha evolucionado y revolucionado en la misma medida que lo ha hecho el Estado y el sistema democrático son verdaderos hermanos siameses, y sólo se puede entender esta asignatura en la medida en que se tenga la capacidad de abordar toda esa complejidad que supone el Estado. El judicial es un poder del Estado, que debe conocer el operador jurídico y entonces entenderá que una verdadera transformación judicial, incluye, el judicial, el ministerio público, la policía y el sistema carcelario.