En 10 años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, sólo el 2% de los casos han llegado a sentencia. De acuerdo al registro de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), desde 2015 hasta la fecha se han presentado 677 denuncias de concejalas por delitos que van desde asesinato hasta presiones para que renuncien.
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Según el registro de Acobol, desde 2015 hasta la fecha se presentaron más de 670 casos, que van desde presiones psicológicas hasta asesinato de mujeres electas. La mayoría de los procesos son desestimados o abandonados.
En 10 años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, sólo el 2% de los casos han llegado a sentencia. De acuerdo al registro de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), desde 2015 hasta la fecha se han presentado 677 denuncias de concejalas por delitos que van desde asesinato hasta presiones para que renuncien.
Los casos son muchos más. Hemos visto acoso, presiones, agresiones psicológicas y físicas contra las autoridades legalmente elegidas; pero por temor muchas concejalas no presentan la denuncia o la abandonan por presiones políticas”, sostiene Josefina Teresa Velásquez Correa, presidenta de la Acobol.
Desde 2012 rige en Bolivia la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política. La norma fue promulgada después del asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe, quien fue víctima de la violencia política y cuya muerte permanece impune.
La noticia del asesinato de la concejala Quispe en 2012. Foto: EFE
En octubre de 2016 se aprobó el reglamento de la ley que establece un procedimiento para la prevención y atención inmediata de casos de violencia y acoso político. El mecanismo debe activarse cuando la integridad de las mujeres electas está en riesgo.
Denuncias sin respuestas
El registro de Acobol da cuenta de que en los últimos siete años se oficializaron 677 denuncias por violencia y acoso político de mujeres electas como concejales. Como establece la Ley 243, las concejalas denunciantes acudieron a las vías: administrativa, penal, constitucional e instancia electoral.
En la gestión 2015 se presentaron 21 casos; en 2016 llegaron a 71; en 2017 fueron 75; en 2018 subieron a 117 y en 2019 se presentaron 127. El año 2020 marcó un récord con 170; en 2021 fueron 79 y en lo que va de este 2022 ya se oficializaron 17 denuncias.
No obstante, las sentencias fueron mínimas. Por ejemplo, en el año 2020, de las 170 denuncias presentadas solo tres obtuvieron un fallo. La mayoría fueron desestimadas o abandonadas.
De acuerdo al último reporte de Acobol, diversos factores intervienen para que los casos de acoso o violencia política no prosperen. En la vía legal los mayores escollos son la dificultad para probar las denuncias y la falta de fiscales. En la vía administrativa, las denunciantes tropiezan con la falta de recursos de los concejos municipales para llevar adelante las investigaciones y en la instancia electoral la traba es la burocracia.
“Cuando una denuncia llega al Tribunal Electoral, no la aceptan inmediatamente; está sujeta a un proceso largo y como sube la presión, la trasladan al Ministerio Público, donde normalmente se extingue. En todos los casos falta información de los servidores públicos en torno a la Ley 247”, apunta la presidenta de Acobol.
Violencia, acoso y machismo
Estadísticamente, los casos más denunciados por las concejalas en el marco de la Ley 238 son: presión para la renuncia de concejalas, actos de violencia sexual, física y psicológica; así como exceso de autoridad contra concejalas, impedimento en el ejercicio de funciones y ocupación ilegal de la concejalía, congelamiento ilegal de salarios, discriminación y difamación.
Cuando se cumple la mitad de la gestión municipal, sube la presión y la violencia contra concejalas para que renuncien y den paso a sus suplentes, bajo el argumento ilegal de “acuerdos de rotación partidaria”. Este periodo llegará en dos años.
Como telón de fondo está el machismo. “Todas las concejalas lo hemos vivido en diferentes grados. Hay avances, pero el sistema patriarcal persiste”, confirma Josefina Velásquez.
La actual presidenta de Acobol proviene de una comunidad en la que su padre era la autoridad. “Cuando él llegó a los 82 años, yo he tomado la posta y no ha sido fácil porque esperaban a un varón y me lo han dicho: ‘Su hermano tenía que estar en su lugar’. Ha sido un proceso largo de años de ir paso a paso hasta que gané la concejalía que ocupo en el municipio de Caracollo”, cuenta.
10 años de impunidad
El 12 de marzo pasado se cumplió una década del asesinato de la concejala Juana Quispe.
El 2010, con mayoría de votos, Quispe fue electa como primera concejala de Ancoraimes (municipio de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz). Debido a la constante fiscalización que ejerció desde su curul, el alcalde y los concejales le impidieron seguir en el cargo.
Tras ser golpeada y arrastrada por la plaza del pueblo, Quispe presentó un amparo constitucional que ganó, pero nunca se cumplió. Juana murió asfixiada. Su cuerpo con signos de violencia fue encontrado a orillas del río Orkojahuira, de La Paz.
El entonces alcalde Félix Huanca (MAS) y los concejales Pastor Cutili, Basilia Ramos y Exalta Arismendi son los imputados en el juicio que fue sobreseído en 2018 y reactivado en septiembre pasado. Se prevé que el juicio oral se inicie en breve.
Este emblemático caso, que fue el detonante de la Ley 243, aún está impune. Y en la misma situación se encuentran otros delitos en contra de concejalas que fueron golpeadas, humilladas o tapiadas para frenar sus tareas de fiscalización y obligarlas a renunciar a sus curules.
“Toda ley es positiva, pero la 243 precisa ser socializada y cumplida. No todo es malo, por esta ley hemos logrado que mujeres ocupen el 52% en los legislativos ediles, aunque sólo hay 23 alcaldesas en el país -evalúa Velásquez, presidenta de la Acobol-. Es una lucha que sigue”.
Defensoría: Se incumplen las normas contra acoso político
La Defensoría del Pueblo, mediante el informe Sin nosotras, no hay democracia. Cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, evidenció el incumplimiento de los mecanismos para sancionar actos de acoso y violencia política por la vía administrativa.
“El Estado boliviano incumplió con la adopción de medidas jurídico, político, administrativo y culturales para garantizar y proteger a las mujeres candidatas y autoridades (titulares y suplentes) el derecho a una vida libre de violencia, así como el ejercicio de sus derechos políticos; así como la omisión para la eliminación de condiciones que fomenten la discriminación contra la mujer y que se perpetúan en un Estado patriarcal y machista”, dice el informe en sus conclusiones.
El estudio realizado en 130 gobiernos municipales el año pasado, identificó que 48 alcaldías habían adecuado y mejorado sus reglamentos internos conforme lo establecido en la Ley 243. Y consignó el compromiso de 70 municipios para trabajar en la adecuación de su normativa.
El informe alerta sobre el poco avance por parte de los gobiernos municipales en la instalación de equipos para la grabación en audio y video de las sesiones, herramienta primordial para generar pruebas ante denuncias por hechos de acoso y violencia políticas. Hasta 2021, solo 17 municipios contaban con estos sistemas.
Acobol marchó por los derechos de mujeres, el 8-M. Foto: Acobol
Casos de violencia
El 1 de febrero de 2013, Virginia García Parra, concejala del MAS en Tiraque, fue hallada muerta. Poco antes fue obligada a renunciar para dar paso a su suplente.
Juana
Juana Quispe, concejala electa del municipio de Ancoraimes, fue asesinada el 12 de marzo de 2012, tras meses de sufrir violencia política. El juicio fue reactivado y se prevee que entre en etapa oral.
Tapiadas
En 2018, la entonces concejala de Tiquipaya Margarita Siles (MAS) y otras ediles del MNR fueron tapiadas por horas en el Concejo para que entreguen sus curules a suplentes.
Vicencia
Vicencia Apaza, concejala del municipio de San Pedro de Curahuara (La Paz), en 2019 denunció que era víctima de acoso político y compró una moto para seguir a sus detractores.
Golpes
Sonia Alanoca, concejala de Batallas en 2018, fue golpeada para que renuncie a su curul. A su colega Lidia Quispe le arrancaron mechones de cabello y le cortaron las trenzas.
Abuso
Dos concejalas de Tapacarí fueron golpeadas en 2017 por el entonces presidente del Concejo, quien en estado de ebriedad trató de abusarlas sexualmente y luego las abandonó en el camino.
Acoso
Rossmery Andia denunció en 2018 que fue obligada a renunciar a su concejalía en Pocona, Cochabamba, por estar embarazada. Dirigentes del MAS la acusaron de dar “mal ejemplo”.
