Ministro Iván Lima, en conferencia de prensa. Foto: Archivo del Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que la sentencia constitucional que concluye que Evo Morales no debió ser inhabilitado para candidato a senador y que sea indemnizado, fortalece la democracia en el país y es un tema cerrado.
“Evo debía ser senador. En acto de grandeza ha renunciado a la posibilidad que le resarzan el daño económico que siempre se cuantifica en dinero. Su objetivo era fortalecer la democracia; la democracia está fortalecida. Este es un tema cerrado para el Gobierno nacional, esto ha concluido en Bolivia, todos tienen derecho a participar en las elecciones”, afirmó la autoridad del Gobierno nacional en conferencia de prensa.
En entrevista con Kawsachun Coca, el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, dijo que no pedirá el resarcimiento que había ordenado el Tribunal Constitucional Plurinacional y afirmó que la sentencia es extemporánea; su fin, agregó, era lograr un precedente para que otros candidatos no vuelvan a ser inhabilitados como en su caso.
El expresidente de Bolivia anunció una denuncia contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habrían avalado su inhabilitación para los comicios generales de 2020.
Lima sostuvo que la sentencia a favor de Evo Morales ratifica que en Bolivia el derecho político es fundamental y debe ser garantizado. “Pero el tribunal ha dejado sellado el derecho primigenio que debe regir, es el derecho de los bolivianos a participar en elecciones”, agregó.
El fallo del TCP fue emitido el 7 de mayo de 2021 y el recurso legal, activado un año antes con un Amparo Constitucional que planteó Morales, ante la inhabilitación de su candidatura que ordenó el TSE, presidido por Salvador Romero.
El ministro de Justicia aseguró que el fallo que revoca la inhabilitación está vinculado a la de inconstitucionalidad abstracta de la residencia permanente, que se aplicaba como requisito para candidatos a cargos electos y que por orden del TCP ahora no restringe la postulación de quienes demuestren ser refugiados o asilados políticos.
