El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hace noticia una vez por año: sus fallos se conocen por filtraciones varios meses después de emitidos los pronunciamientos, pero peor aun, estos se emiten dos, tres, cuatro o más años después de planteada una demanda, normalmente cuando ya el tema ha pasado y poco menos que se ha enterrado.

La primera pregunta que surge es: si tienen tan poco trabajo, como demuestran sus escasas apariciones, ¿por qué el TCP se toma varios años para emitir un fallo? Además, sus textos son tan ambiguos que nadie sabe cómo deben ser comprendidos, al extremo que los medios deben acudir a juristas para que “interpreten” lo que quiso decir el Tribunal, con el riesgo de que por ser la redacción tan confusa, hasta los expertos se equivoquen.

Cuando finalmente toman una decisión, ni siquiera tienen el detalle de convocar a una conferencia de prensa para informar de un fallo: ellos lo esconden hasta que a alguien se le ocurre deslizar el documento. Para entonces pueden pasar varios meses, y solo entonces sale el vocero del TCP a desmentir o confirmar o relativizar la filtración.

Eso ocurrió esta semana con la sentencia constitucional 87/2021. El 7 de mayo de 2021, es decir hace casi un año, el TCP declaró inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador en las elecciones de 2020, pero fue solo este jueves 17 de marzo que se conoció el fallo gracias a una publicación de los medios de comunicación. Es un completo misterio la razón de la falta de transparencia y ausencia completa de política comunicacional del Tribunal. Esa forma de actuar sin comunicar, casi escondiendo sus decisiones, completan esa imagen de desconfianza que genera alguien que parece trabajar de espaldas al país.

Si el TCP solo tuviera el problema de falta de transparencia, escasa o nula comunicación, excesiva demora en la toma de decisiones y hasta de utilizar una terminología ambigua, habría que decir vaya y pase; casi serían gajes del oficio abogadil tan particular.

El problema de fondo es que las decisiones del TCP carecen de credibilidad y de independencia. Cuando se trata de decisiones políticas no hace falta esperarles mucho: cuando salga, tarde o muy tarde, el fallo será favorable al Movimiento al Socialismo o a su jefe Evo Morales. Eso pasó cuando declararon que la reelección indefinida de Morales es un derecho humano. Y pasa ahora mismo que dicen que fue inconstitucional impedir a Morales ser candidato a senador pese a que no residía en Bolivia cuando se celebraron las elecciones de 2020.

El TCP hace los fallos como trabajan los sastres: a medida del cliente. Y su cliente principal es el MAS, o único a estas alturas. No se explica de otra manera cómo en 2015 declaró que Rebeca Delgado no podía ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba porque era diputada y por tanto residía en La Paz; lo mismo pasó con Eduardo Maldonado, que siendo parlamentario intentó postular a la alcaldía de Potosí y el TCP le dijo que no porque trabajaba en La Paz.

Ahora, ese mismo TCP dice que Evo Morales sí podía ser candidato a senador el 2020, pese a que no vivía en Bolivia, sino en Argentina.

Y no solo eso, sino que ahora también por orden del TCP el Estado tendrá que indemnizar a Morales por lucro cesante.

Un TCP sin independencia ni credibilidad, al completo servicio del partido de gobierno no le hace bien al país. Mejor sería no tenerlo. Cuando se habla de que la justicia es un barrial nauseabundo en el país, hay que pensar que el que peor huele en ese charco es Tribunal Constitucional Plurinacional.