El Tribunal Constitucional  Plurinacional (TCP) pudo actuar de manera “selectiva” cuando favoreció a Evo Morales y rechazó recursos planteados por Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, dos exlegisladores disidentes del MAS que fueron impedidos de participar como candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí en los comicios subnacionales de 2015.

Delgado recordó que, tal como hizo Morales, acudió al TCP para que se reparen sus derechos políticos, establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El tribunal rechazó su petición y “avaló la constitucionalidad de la Circular 71 que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE)” para inhabilitar su candidatura y la del representante potosino.

Tras su mandato como diputada nacional, Delgado se presentó como candidata a la Alcaldía cochabambina. El TSE la inhabilitó porque ella no contaba con una residencia continúa de dos años en ese municipio. Lo mismo pasó con el exsenador Maldonado, quien se postuló para la alcaldía de Potosí. Eso sí, ninguno de ellos no salió del país.

“En el caso de Delgado y mi persona, estábamos cumpliendo un mandato parlamentario en representación de nuestros departamentos, además nunca perdimos contacto con los electores, porque cumplíamos la semana regional”, dijo Maldonado a EL DEBER.

El exsenador potosino explicó que el caso de Evo Morales fue distinto porque salió el país. “Hay que recordar que la sucesión constitucional no se da por una renuncia de él, sino por abandono del cargo”, apuntó el exlegislador al comentar la resolución del TCP que favoreció al exmandatario, quien fue inhabilitado en 2020 como candidato a senador.

Ante este escenario, Delgado y Maldonado acudieron al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas  (ONU) que ordenó la reparación de daños por esa inhabilitación. Ese fallo se emitió en 2018, pero hasta la fecha no se ha cumplido en el país.

Rebeca Delgado, quien ahora está vinculada con la actividad académica, explicó que esa resolución no sólo obligó al Estado a resarcir daños económicos sino a resolver las vulneraciones inmateriales “para que nunca más vuelvan a ocurrir”.

“El Tribunal Constitucional ahora está dando la razón al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resulta que hemos acudido a un organismo supranacional que ya emitió un dictamen para que nos reparen por los daños ocasionados”, dijo.

La exdiputada señaló que ahora existe “mucha expectativa”, respecto a lo que hará el Estado en este caso. “Estamos en manos de la Procuraduría”, puntualizó.

“Nos extraña el doble rasero con el que se está manejando la justicia en el país. Es una suerte de ley del embudo; ancho para algunos y agosto para otros”, comentó Maldonado, quien hizo notar que la sentencia que benefició a Evo Morales fue firmada en mayo de 2021.

Al respecto, Delgado señaló que “existe la necesidad de hacer una auditoría en el TCP” sobre la fecha de sus resoluciones y los criterios que usa para que estos se hagan públicos.

El TCP ordenó una indemnización económica en favor de Morales por los daños ocasionados con la inhabilitación. El criterio que usó para esta determinación tiene que ver con los derechos políticos que tiene un “refugiado político” a pesar de no estar en el país.

Por otra parte la ONU estableció en 2018 la reparación de daños en favor de dos exlegisladores y fijó un plazo inicial fue de 180 días que hasta el momento no ha sido cumplido por el Estado.

Maldonado y Delgado aseguran que esta es una obligación de la Procuraduría porque es la entidad encargada de hacer cumplir las resoluciones internacionales.