No es una novedad que el Tribunal Constitucional esté al servicio del expresidente Evo Morales. La mayor muestra de fidelidad se la dio el 2017, cuando dejó en suspenso artículos de la Constitución Política del Estado para habilitarlo como candidato presidencial en contra de lo que el mismo texto de la Carta Magna indicaba. Lo vuelve a hacer ahora al declarar nula su inhabilitación como candidato a senador en 2020 y disponer que se le pague una indemnización que incluya gastos judiciales, daño emergente y lucro cesante. Eso, al margen de todos los fallos que a lo largo de los años favorecieron al gobierno del MAS y dejaron en indefensión a los opositores.

Si bien los magistrados que fallaron el 2017 en favor de Morales no son los mismos que dispusieron su indemnización el 2021, porque hubo nuevas elecciones judiciales a finales de 2017, el patrón de obediencia política se mantiene. No hay que olvidar que los candidatos a magistrados fueron preseleccionados por la mayoría legislativa del MAS.

En 2019, Morales renunció a la presidencia del Estado en medio de una fuerte presión social y policial. Tras esos sucesos se exilió en el extranjero, primero en México y luego en Argentina. Desde la distancia inscribió su candidatura a primer senador del MAS por Cochabamba para las elecciones de 2020, pero una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitó por no estar residiendo en Bolivia. La misma suerte corrieron el opositor Mario Cossío y el masista Diego Pary.

Como se sabe, Morales regresó con el látigo de la venganza en la mano y todos aquellos que presionaron para su salida, que lo reemplazaron en el poder, que los enjuiciaron o que lo inhabilitaron están pagando muy caro su atrevimiento.

Para su siniestro plan tiene a su servicio al sistema judicial y particularmente al Tribunal Constitucional. Si bien Morales dijo que no pretende cobrar la indemnización, anunció el procesamiento de los vocales del TSE que lo sacaron de la contienda, que son los mismos que administraron el proceso electoral en el que resultó ganador el presidente Luis Arce.

Morales asegura que con su demanda no buscaba dinero, pero los integrantes del Tribunal Constitucional son tan sumisos que en el fallo incluyeron una cuestionable indemnización que, según cálculos realizados por abogados críticos al gobierno, sobrepasaría el millón de bolivianos si es que llegara a materializarse. El lucro cesante al que hace referencia es la orden de pagarle a Morales cada uno de los sueldos que hasta 2025 no podrá cobrar por no haber sido senador.

Son varios los cuestionamientos al fallo del TCP, pero el principal de ellos es que está basado en el supuesto de que Evo Morales debió ser elegido como senador, lo cual es apenas una conjetura porque nadie puede predecir un resultado electoral hasta que no se cuentan los votos de las urnas. O ¿de qué otra manera considera el TCP que se puede calcular lo que Evo Morales dejó de ganar siendo inhabilitado?

Por otro lado, ¿si es que Morales tiene derecho a una indemnización, también deben recibir el mismo trato los políticos Mario Cossío y Diego Pary?

Y finalmente, una tercera consideración, en las elecciones regionales de 2015 fueron inhabilitados los candidatos disidentes del MAS, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, para quienes la justicia boliviana no dispuso ninguna indemnización, pese a que ellos vivían en Bolivia, pero no estaban en sus departamentos todos los días de la semana porque eran legisladores y residían parte del tiempo en La Paz.

Esa injusticia fue reparada por la ONU, que dispuso que el Estado boliviano indemnice a ambos exlegisladores, pero hasta la fecha la Procuraduría del Estado se ha negado a dar curso a la disposición.

Como se puede observar, los únicos derechos que valen son los de Evo Morales porque tiene poder sobre los magistrados que, una vez más, le dieron un argumento para ejecutar su plan de venganza, esta vez contra los vocales electorales.