El Gobierno ha establecido, mediante el Decreto Supremo 4546, que el Censo de Población y Vivienda se llevará a cabo el 16 de noviembre de este año. 

Según los expertos en estudios demográficos, es recomendable que un país realice un censo cada cinco años, para actualizar sus bases de información y datos que contribuyan a planificar y a organizar la política, la economía y, también, la vida cotidiana de sus pobladores, entre otros aspectos sociales, pero a lo sumo tendría que efectuarse cada 10 años. En Bolivia, se han realizado los últimos procesos de este vital empadronamiento en 1976, 1992, 2001 y 2012; es decir, ya se tiene un año de retraso. En 2012, como se sabe, el censo tuvo un costo de 55 millones de dólares —no se sabe cuánto costará el de este año, aunque es posible que ese monto se duplique— y reveló que en ese entonces Bolivia contaba con 10.059.856 habitantes. 

Cuando faltan ocho meses, sin embargo, ya se han conocido críticas de expertos que consideran poco probable que en este corto periodo se lleguen a completar las tareas necesarias para la ejecución de un censo exitoso. Recordemos que en 2012, aunque se comenzó a planificar con tiempo, en el día clave, el 21 de noviembre, se observaron fallas en el terreno como la falta de encuestadores y, lo que es lamentable, los resultados, acaso por los defectos de aquel proceso, se conocieron oficialmente dos años después. Pero también se cuestionó al Instituto Nacional de Estadística, INE, por su falta de apertura en la discusión de variables de gran importancia en la boleta censal.

Ahora, las críticas sobre todo se centran en la falta de información y discusión sobre la boleta censal, para que refleje las necesidades de diversos sectores sociales, pero también en la actualización de la cartografía y en la intrascendente campaña de comunicación e información sobre este empadronamiento. Una condición indispensable para el éxito de la consulta es la actualización cartográfica, que incluye el desplazamiento previo de miles de funcionarios que, en un barrido de las ciudades y del campo, obtienen información necesaria para organizar a los encuestadores; si se considera que Bolivia, entre 2012 y 2022, ha experimentado cambios sustanciales, la tarea cartográfica será más compleja y ardua, aunque el INE ha afirmado que concluirá en julio. Tampoco se conoce el contenido de la boleta censal —¿la ha compartido el INE con instituciones que podrían mejorarla?— y casi ni se conoce que este año se efectuará esta consulta. 

El principal problema del censo es que no hay acceso a la información, lo cual debería mejorar con una plena apertura del INE. Si se considera que esta encuesta es vital para definir la representación política y los recursos públicos que recibe cada región, se entiende por qué Santa Cruz, en especial, ha comenzado a inquirir por mayor transparencia. Y el resto de las regiones también debería exigir más información y apertura.