El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) público ayer un fallo en el que calificó de inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por el MAS en las elecciones de 2020. La decisión fue interpretada por analistas políticos como una acción para facilitar la postulación del líder cocaleros para las presidenciales de 2025, provocar cambios de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e iniciar una campaña de victimización del expresidente que fue acusado de fraude en los comicios de 2019.

La sentencia 0087/2021-S4 declara inconstitucional la inhabilitación de Morales como candidato a senador en 2020 y reconoce que se restringieron los derechos del expresidente, además establece una indemnización económica a su favor. Morales no podrá reclamar un escaño en el Senado.

Morales expresó su posición a través de su cuenta oficial de Twitter. “Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura a senador por Cochabamba. Estamos sorprendidos de que el TCP recién publique una sentencia que siempre supimos ratificar nuestro derecho a postularnos”.

En un tercer tuit, en menos de una hora, Morales señaló que “en 2020, la derecha golpista nos inhabilitó y trató de proscribir al MAS-IPSP. Aunque tardía, la sentencia del TCP-Bolivia, muestran que el TSE y un tribunal de garantías constitucionales actuaron políticamente y atentaron contra el derecho del pueblo a elegir libremente”.

Consultado sobre el fallo constitucional, el jurista y experto en temas electorales José Velasco, dijo que esta decisión encierra y persigue la intención de cambiar a los vocales electorales, mismos que fueron posesionados en el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Mencionó que al menos la mitad de los miembros de sala plena no estarían alineados al oficialismo.

“Se busca descabezar al TSE. Tenemos que seguir pensando que el Tribunal es independiente, pero lamentablemente no lo es. La cuestión política está muy enraizada en el Órgano Electoral y no podemos descartar que hay, si se quiere, una cierta acción política como para desplazar a los vocales del TSE que no están alineados con el esquema de Gobierno”, aseguró Velasco.

El experto recordó que en el libro Bolivia Leaks, de Juan Ramón Quintana, el autor menciona a Óscar Abel Hassenteufel como uno de los protegidos por la embajada de Estado Unidos. Esta situación demostraría que está alejado del oficialismo y “seguramente, por eso se quiere alejarlo de la presidencia del TSE. Esas situaciones no se pueden descartar”.

En esa línea, también mencionó a Dina Chuquimia, actual vocal posesionada en el Gobierno de Luis Arce, quien, según él, retornó por cuestiones políticas al Órgano Electoral. Ella estuvo entre los vocales que en 2005 renunciaron a sus cargos en medio de denuncias por supuestos hechos irregulares y por sus vínculos con el MAS.

Por su parte, el diputado oficialista Juanito Angulo, señaló que los vocales que determinaron de manera “arbitraria y en contra de la ley” la resolución que inhabilitó a Evo Morales en las elecciones de 2020, deben asumir responsabilidades.

Pago de daños y victimización
La sentencia constitucional que favorece a Morales no dispone el monto que debería recibir el exmandatario. Pero señala que la cuantía deberá contemplar “los gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas”.

Según el abogado y analista político Paul Antonio Coca, esta decisión es otra de las irregularidades cometidas por el TCP que favorece con esta reposición del daño a Morales, quien pretendía ser candidato sin residir en el país.

“El fallo ya no sorprende a nadie y está sometido al poder político. Es un fallo que viene bastante extemporáneo. Lo que sí establece es que Morales no puede ser senador bajo ningún argumento, eso es algo jurídicamente imposible”, enfatizó.

Al respecto, el presidente del TCP, Paul Franco, aclaró que no se ha determinado la posibilidad de seguir un proceso para ceder el curul de la senaduría de la que fue excluido Evo Morales como candidato, sino que las autoridades recurridas en la acción de amparo no cumplieron con todo el proceso establecido dentro de las normas que regulan los procesos electorales.

El jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, dijo que "el TCP le falla a Bolivia, pero no a Evo Morales” al disponer la obligación de indemnizarlo con costos de senaduría y alertó al país por las implicaciones constituciones al legalizar la impunidad del “delito” al cometer fraude electoral en 2019. 

Coca aseguró que con este tema se trae nuevamente a la palestra a Evo para que sea “el centro de atención” y es evidencia de una campaña para mostrarlo como víctima que lo beneficiará en su candidatura presidencial el 2025.

Sin embargo, Velasco añadió que el MAS ya no es un bloque homogéneo y proyecta que en las próximas elecciones se presentarán hasta tres postulaciones del partido azul, debido a las pugnas internas cada vez más profundas.

Otros cuestionamientos
El TCP pudo actuar de manera “selectiva” cuando favoreció a Evo Morales y rechazó recursos planteados por Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, dos exdiputados disidentes del MAS que fueron impedidos de participar como candidatos en los comicios subnacionales de 2015.

Delgado recordó ayer que, tal como hizo Morales, acudió junto a Maldonado al TCP para que se reparen sus derechos políticos, establecidos en la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El tribunal rechazó su petición y avaló la constitucionalidad de la Circular 71 que emitió el TSE para inhabilitar su candidatura.

Tras su mandato como diputada nacional, Delgado se presentó como candidata a la alcaldía de Cochabamba. El TSE los inhabilitó porque ella no contaba con una residencia continúa de dos años en ese departamento. Lo mismo pasó con Maldonado, quien se postuló para la alcaldía de Potosí.

Ante este escenario, ambos acudieron al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ordenó la reparación de daños por esa inhabilitación. Ese fallo se emitió en 2018, pero hasta la fecha no se ha cumplido en el país.

Rebeca Delgado, quien ahora está vinculada con la actividad académica en Cochabamba, explicó ayer que esa resolución no sólo obligó al Estado a resarcir daños económicos sino a resolver los daños inmateriales “para que estas vulneraciones de derechos nunca más vuelvan a ocurrir”.

“El Tribunal Constitucional ahora está dando la razón al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resulta que hemos acudido a un organismo supranacional que ya emitió un dictamen para que nos reparen por los daños ocasionados”, dijo.

La exdiputada señaló que ahora existe “mucha expectativa”, respecto a lo que hará el Estado en este caso. “Estamos en manos de la Procuraduría”, puntualizó.

Según Velasco, la residencia es un tema que se ha manejado “muy mal” en anteriores oportunidades. En ese sentido, señaló que Evo Morales tenía derecho a participar como candidato a senador porque no estaba postulando a la Presidencia y no existía ningún impedimento.