La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que dispone resarcir de forma económica al expresidente Evo Morales por la inhabilitación que sufrió su candidatura a senador en 2020 provocó la indignación y rechazo de críticos y opositores al oficialismo.
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El fallo dispone reparación integral de “los derechos conculcados” al expresidente. CC dice que en realidad Morales es quien debe compensar a Bolivia y Creemos ve prueba de sometimiento del TCP.
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que dispone resarcir de forma económica al expresidente Evo Morales por la inhabilitación que sufrió su candidatura a senador en 2020 provocó la indignación y rechazo de críticos y opositores al oficialismo.
El fallo, que data del 7 de mayo de 2021, establece que el TCP, en su sala cuarta especializada, resolvió disponer la nulidad de la Resolución Jurisdiccional 010/2020 de 20 de febrero de 2020 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la “reparación integral a los derechos conculcados de Juan Evo Morales Ayma”, para lo cual dispuso, entre otros puntos, una “indemnización económica”.
“La calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, a ser analizada y dispuesta, respectivamente, por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, considerando como parámetro los gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por la autoridades demandadas, a consecuencia de la indebida e ilegal restricción de los derechos señalados en este fallo constitucional”, se lee en la sentencia del TCP.
Sede del Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sucre. Foto: TCP
En el proceso electoral de 2020, el 20 de febrero de ese año, el TSE inhabilitó la candidatura de Morales a primer senador por Cochabamba debido a que -argumentó- incumplió el requisito de residencia permanente. (En esa oportunidad también inhabilitaron por la misma razón a Mario Cossío y Diego Pary).
“El Tribunal Constitucional, mediante la SC 87/2021 de 7 de mayo, falló a favor de Evo Morales expresando que fue injustamente inhabilitado para ser candidato a senador; ahora se debe calificar el daño causado y su indemnización. Esto ya es un insulto grosero a la Constitución”, sostuvo el constitucionalista Williams Bascopé.
La senadora de Creemos Centa Rek sostuvo que el fallo es “otra prueba de sometimiento del TCP”. “Nos preocupa enormemente la manera en que se están manejando en Bolivia las instituciones y el sometimiento que tienen al poder político del MAS y específicamente al expresidente Evo Morales”, aseguró.
En tanto que el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, sostuvo que quien debería indemnizar a los bolivianos es Morales. “Los que produjeron el quiebre constitucional de 2019 ahora deben ser premiados o indemnizados. Esta es la muestra más clara de sometimiento de nuestras instituciones a una persona que ni siquiera es autoridad pública”, manifestó.
El jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, manifestó que el TCP “le falla a Bolivia, pero no a Evo Morales. Esto tiene que ser una alerta roja para la democracia. Evo Morales hizo fraude, violó la Constitución, se pasó por encima del referéndum, cometió delitos, trató de cercar a una ciudad para que se muera de hambre y confrontó a los bolivianos”, sostuvo el legislador.
En tanto, desde el MAS la diputada Estefanía Morales aseguró que el fallo demuestra que se le vulneraron los derechos políticos al exmandatario.
“Tenía la potestad de ser candidato en un momento tan tormentoso para todos los bolivianos, así que esto demuestra que sí hubo vulneración a los derechos políticos de nuestro hermano Evo Morales”, sostuvo.
El TCP también resolvió expulsar del ordenamiento jurídico el delito de sedición.
“(El TCP) resuelve: 1° Declarar la inconstitucionalidad del contenido del art.123 del Código Penal que tipifica el delito de sedición”, se lee en la sentencia constitucional 04/2022.
“A partir de la sentencia constitucional, el delito de sedición queda expulsado del ordenamiento jurídico”, dijo Paul Franco, presidente del TCP.
