Luego de anunciarse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), declarando inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales en los comicios de 2020, parlamentarios de oposición calificaron esta determinación como un premio para los responsables del quiebre constitucional de 2019 que provocó una crisis política y social en el país.
Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, la determinación del TCP es una prueba del sometimiento de la justicia ante el masismo y se puede considerar que se intenta premiar a los responsables de la crisis tras unas elecciones anuladas por fraude.
“Significa que los que produjeron el quiebre constitucional de 2019 ahora deben ser premiados o indemnizados. Esta es la muestra más clara de sometimiento de nuestras instituciones a una persona que ni siquiera es autoridad pública”, manifestó el legislador.
Reyes sostuvo que es el líder del MAS quien debe responder por los gastos erogados por el Estado a causa de su capricho por permanecer en el poder de forma indefinida.
“Es Evo Morales quien tiene que indemnizar a los bolivianos, por toda la corrupción, por el dinero perdido al no respetar la Constitución, el 21F, y la corrupción de todos los años en el poder, generando gastos al Estado”, refirió el parlamentario.
Lamentó que una instancia como el TCP, que en su momento puso los derechos de Morales por sobre los de toda la población, ahora intente indemnizar a los responsables del fraude, por lo que exigió acciones desde la Procuraduría General del Estado para recuperar los recursos malgastados por el MAS para validar una candidatura ilegal.
Para el jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, existen implicaciones a partir de este fallo, por tratar de legalizar la impunidad y disponer una indemnización en favor de Morales sin tomar en cuenta que no respetó un referéndum vinculante, hizo fraude y violó la Carta Magna.
“Estamos hablando de que el TCP falla en favor de un delincuente y todavía lo quieren indemnizar, esto tiene que ser una alerta roja para la democracia y todos los bolivianos”, manifestó.
Desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo, justificó el fallo constitucional señalando que se trata de un acto de justicia, por lo que procede el inicio de los procesos a los responsables de no haber permitido esta candidatura.
“Se establece de manera objetiva que a partir de 2019, el compañero estaba en condición de refugiado político, por estar en peligro su vida, sin embargo el Tribunal Electoral ha establecido que no se cumplió con la residencia, entonces no se ha valorado de manera objetiva”, dijo.
Manifestó que ahora corresponde iniciar procesos a los miembros del Tribunal Electoral por no haber actuado en el marco de la ley, y de esta forma sentar un precedente.