Ha quedado claro, además, que persiguen ese propósito por las malas. No se trata de ver cómo mantener al partido en el poder, siguiendo las reglas democráticas y respetando la voluntad popular, sino de forzar leyes y normas, votos y voces, recurriendo cada vez con más fuerza y con menos disimulo a la violencia en todas sus formas. No les ha temblando la mano ni siquiera frente a los suyos: llegado el momento, no han dudado en sacrificar a varios incondicionales del ‘proceso de cambio’, bajo la lógica de un “bien supremo” que no es precisamente el del partido, ni el de la revolución, ni el de la patria, sino apenas el de una cúpula cada vez más cerrada, reducida y divorciada hasta de sus propias bases.

Por eso sorprende oír hoy voces de sorpresa ante un nuevo as sacado bajo la manga por el Gobierno, el caso Quiborax, no sé si para afectar o favorecer al expresidente Carlos Mesa (luego aclaro mi duda). ¿Acaso no bastaron los cientos de casos sembrados por este Gobierno a lo largo de más de una década para percibir su carácter autoritario, el cinismo con el que ejecuta sus excesos y su determinación a la hora de apostar por el poder total? De pronto parece que la fiera ha sacado recién sus garras, afectando a uno de tantos que aún permanecen ciegos, sordos y mudos frente al horror que destila la bestia. Es el terror activado solo cuando el zarpazo hiere la propia piel.

Hago esa provocación con total intencionalidad, no porque desmerezca la ola de críticas e indignación que está provocando el artero y amañado proceso iniciado contra Mesa, a instancias del Gobierno central, sino para ver si así y ahora se logra poner un punto final en las posiciones tibias, ambivalentes y peligrosas de quienes aún se resisten a denunciar a la fiera y a condenar sus atrocidades. A ver si ahora dejan de lado argumentos que solo ayudan a disimular los excesos del poder, como ese de que “hay que ser justos, hay que reconocer que el Gobierno ha hecho buenas cosas…”, como si hacer las cosas bien fuera algo así como un regalo del Ejecutivo y no apenas una más de sus obligaciones.

Estoy pensando ahora en algunas de tantas víctimas del abuso de poder visto en la última década. La imagen del ingeniero José María Bakovic es la primera que surge entre tantas, con sangre y cruz. Su muerte bien pudo ser considerada un homicidio culposo, pero no lo fue. Pienso en cada uno de los más de 30 procesados por el caso Rózsa, en las tres muertes que siguen impunes hasta hoy, en los dos que siguen presos, en los que guardan detención domiciliaria. En los exprefectos defenestrados violentamente de sus cargos. En los cientos de miles de bolivianos forzados al exilio, obligados a huir de un régimen cada día más voraz, de una justicia sometida al mismo y de voces que callaron cobardemente.

Los abusos fueron cometidos uno tras otro, sin que la dureza de los mismos fuera capaz de levantar voces de indignación oportunas y poderosas. Si ante cada uno de esos feroces ataques hubiéramos reaccionado como sociedad, condenándolos, independientemente de quiénes eran las víctimas, otra fuera la realidad en este momento. Triste es recordar cómo se oían entonces algunas voces justificando la persecución, la defenestración, los procesos judiciales… se perdió de perspectiva cuál era el mal mayor, y este no hizo sino aprovechar la condescendencia para seguir creciendo. Ojalá que a partir de ahora no haya más pretexto para callar o consentir los abusos de la fiera. Tarde, pero tal vez a tiempo.

Dije que aclararía mi duda sobre cuál es la intención del Gobierno central al arremeter con todo contra el expresidente Mesa. Hay razones para creer que busca, una vez más, anular a un posible contendor para las elecciones generales de 2019. Pero también hay razones para creer que prepara el escenario para elegir incluso a su contendor ideal, que bien podría ser el propio Mesa. ¿Por qué no? Repito, nada de lo que haga el Gobierno debería sorprendernos más.