Las instituciones más representativas de Santa Cruz se han unido en una Comisión Impulsora del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 para tomar parte, como corresponde, en la organización de este evento importante para la región y el país, y en sus primeras acciones ha demostrado un activo espíritu de iniciativa y propuesta que le hará bien al departamento.

Liderada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Comisión se ha reunido este martes con la intención de despejar las incógnitas y reducir la incertidumbre con la voz de las autoridades nacionales invitadas, entre ellas la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia.

Sin embargo, para sorpresa de todos, ninguna de las dos autoridades nacionales se hizo presente en el encuentro, y con su ausencia dejaron más dudas aún sobre el censo que se realizará el 16 de noviembre próximo, pero principalmente porque con esa actitud parecen confirmar que un proceso que debiera ser absoluta y exclusivamente técnico aparentemente tendrá un peligroso carácter político manejado por el Gobierno nacional.

¿Cómo se explica que los dos principales responsables nacionales del censo declinen participar en una reunión informativa donde tendrían que mostrar con transparencia cuál es el plan y cómo se están organizando las etapas previas de tan importante acontecimiento para el país? ¿Por qué razón ha comenzado a volverse una rutina inexplicable que las autoridades nacionales eluden las reuniones con los representantes de Santa Cruz en este y otros temas? ¿Hay alguna instrucción que viene desde más arriba para evitar esas reuniones, como parece estar ocurriendo?

La Comisión consideró un desaire al departamento de Santa Cruz la nula respuesta de la ministra y el director del INE a la invitación a la reunión, pero también decidió conformar una comisión que viaje a La Paz para reunirse con Arandia con el objetivo de recoger la información necesaria sobre las actividades previas al censo.

De todas formas, la instancia cruceña ha iniciado sus actividades de seguimiento de la comisión técnica y pidió a la Brigada Parlamentaria Cruceña que solicite un informe a la ministra de Planificación y si corresponde plantear también una interpelación por incumplimiento de deberes.

En caso de que se vuelva a repetir la reticencia de las autoridades a recibir a la comisión que viajará a La Paz, la Comisión podría considerar otro tipo de medidas de presión que estarían plenamente justificadas.

El Gobierno nacional debe entender que una gran encuesta nacional como es el censo es una tarea que debe comprometer a todas y cada una de las regiones, las autoridades, las instituciones. Organizar el censo de espaldas al país dará mucho que pensar y podría incluso invalidar los resultados que salgan del 16 de noviembre porque en el proceso previo se habrá dado señales de desconfianza razonables.

Persistir en esa actitud de ignorar al conjunto de las regiones y sus instituciones, solo llevará a sospechar que algo no está encaminado correctamente o, peor aún, que algo se esconde.
Si el director del INE y el Gobierno al que pertenece creen que haciendo reuniones con los “movimientos sociales” -como ya ha ocurrido en otras ocasiones que el Ejecutivo quiere demostrar que “socializa” sus iniciativas- dará por cumplida su obligación de informar y consensuar, estará muy equivocado.Queda poco tiempo, muy poco incluso para la correcta organización de un operativo que implica una preparación y una logística complejas. Ojalá se corrijan a tiempo todos los desaciertos hasta aquí observados.