Medio: El Deber
Fecha de la publicación: sábado 14 de julio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
El juez de Instrucción Penal Segundo del Tribunal departamental de Justicia, Sergio Vásquez, informó la noche del viernes que en audiencia de cesación de detención preventiva solicitada por el alcalde Edgar Bazán, en el caso mochilas, determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que la autoridad edil suspendida podrá beneficiarse con el arresto domiciliario, arraigo local, presentación de cuatro garantes y prohibición de acercarse a la Alcaldía.
Contenido
"Se le ha concedido la cesación de la detención preventiva, bajo la modalidad de medidas cautelares de detención domiciliaria, arraigo local, prohibición de comunicarse con otras personas allegadas, prohibición de concurrir a oficinas de la comuna de Oruro y, además, presentar una fianza de carácter personal de cuatro personas fiables y solventes", detalló al culminar la audiencia a los periodistas, según la agencia ABI.
Te puede interesar:
Sin embargo, las partes demandantes como la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia apelaron la resolución, lo que significa que aún no está ejecutoriada y se debe esperar lo que decida en una próxima audiencia el tribunal de alzada. El lunes será remitida la resolución y se debe esperar si revoca o confirma. En ese marco, Bazán inmediatamente no gozará de libertad.
Vásquez explicó que la defensa técnica del imputado presentó una sentencia constitucional que protege y ampara a los imputados de la tercera edad, manifestando que se debe aplicar medidas cautelares más racionales y menos gravosas, más si tiene delicada la salud.
También puedes leer:
El representante del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Vladimir Ochoa, lamentó que se haya tomado esta decisión porque se ha demostrado que existe el peligro de fuga, además de los 23 juicios en contra de Bazán. Tampoco se demostró la vulnerabilidad de sus derechos como persona adulta mayor.
El caso mochilas se refiere a la compra irregular de 41.000 mochilas, dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016 y tres ítems de la adquisición de las mochilas que debían ser de origen nacional; pero el proveedor los importó desde China con una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos.
