La Paz, 15 mar Con la voz quebrada y entre sollozos, la concejala aimara Juana Quispe advertía que la iban a matar seis meses antes de que su cuerpo fuera hallado en una quebrada en La Paz, un suceso ocurrido hace una década y que sigue sin castigo, como muchos otros casos, aunque no tan extremos, de acoso y violencia política en Bolivia. "No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir", manifestaba Quispe en septiembre de 2011 al contar sobre el acoso que sufrió desde que fue elegida concejala por el municipio de Ancoraimes, en el Altiplano de La Paz. El caso de Quispe es reconocido como "emblemático" por entidades como la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) o el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues esta muerte violenta terminó de impulsar la promulgación de la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012. Paradójicamente, hasta ahora la familia de la concejala no ha encontrado justicia y tuvieron que pasar diez años para que finalmente el Ministerio Público presente una acusación por el caso. Llegar hasta este momento ha sido un "vía crucis" en medio de rechazos, imputaciones defectuosas, objeciones, sobreseimientos y negativas de la Fiscalía a realizar una inspección ocular, una triangulación de llamadas y la reconstrucción del hecho, comentó a Efe la abogada de la familia de Quispe, Valkhiria Lira. VIDA TRUNCADA Juana Quispe tenía 42 años cuando fue asesinada en 2012 y los principales sospechosos de su muerte son el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente. Antes de ser concejala, Quispe ya era "un personaje político influyente para su comunidad por toda la labor que hizo para mejorar la realidad social de su entorno", señaló Lira. La mujer es recordada por acciones como la donación de parte de su terreno para construir una sede comunitaria o el impulso a un criadero de truchas que todavía funciona. Esto llevó a que llegase al Legislativo de su municipio en las elecciones subnacionales de 2010, pero su error fue postular con una sigla diferente al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Huanca, pues pese a haber logrado un amplio apoyo en los comicios, pronto empezaron el acoso y la violencia impulsadas por ese alcalde. Un acoso reflejado en los cambios intempestivos de los lugares de las sesiones, el cierre de la puerta para que no entre al edificio edil o el grupo de allegados a Huanca, incluidos varios de sus familiares, quienes azuzaban a otra gente para insultarla y luego agredirla físicamente. Quispe había ganado una acción judicial para que le permitan trabajar, pero como Huanca, Cutili y Ramos la incumplieron, la concejala les demandó penalmente por "desobediencia a órdenes de amparo", lo que le valió una primera amenaza de muerte del alcalde, recordó la jurista. En una ocasión, los grupos de choque contrarios a Quispe le arrastraron violentamente por la plaza del pueblo y amenazaron con quemarla viva para obligarle a renunciar y a desistir de su demanda, esto delante de su hijo que entonces tenía 10 años, según relató la misma concejala entre lágrimas meses antes de su muerte. El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por ese proceso, la mujer aceptó una invitación para asistir a una movilización en La Paz junto a Huanca y luego a almorzar. Luego no se supo más de ella hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue hallado cerca de un río con señales de estrangulamiento. ENTIDAD TODOPODEROSA Aunque las denuncias de acoso de Quispe llegaron a varias instituciones, no se hizo nada por prevenir su muerte y ahora su familia también está amenazada y ven que hay una protección política a los principales sospechosos del suceso. Las tres exautoridades son acusadas de "asesinato con motivos fútiles, bajos y mezquinos", al considerar que se impidió que Quispe ejerciera sus derechos políticos "por odio de género y por odio político", indicó Lira. Las trabas siempre estuvieron en la Fiscalía, que incluso rechazó inicialmente la denuncia argumentando que la concejala fue víctima de un atraco, una tesis refutada por su abogada porque cuando la encontraron, también hallaron sus dos teléfonos móviles. "No se trata de un vulgar asalto en el que ha aparecido una persona acogotada, porque almorzó con sus enemigos de años y al día siguiente apareció muerta porque había odio político y anuncios de muerte recurrentes", manifestó. Además existe un testigo que asegura que Huanca le confesó que "le habían obligado a contratar sicarios para matar" a Quispe, agregó. La abogada lamentó que el Ministerio Público sea "dueño" de todas las decisiones sobre las investigaciones y si una denuncia se rechaza o procede, algo que pusieron en conocimiento del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, en su reciente visita a Bolivia. La vocal del TSE Dina Chuquimia coincide en la queja contra el Ministerio Público y su escasa acción ante las denuncias por acoso y violencia política que el órgano electoral ha canalizado dentro de la ley 243. Chuquimia lamentó en declaraciones a Efe que la Fiscalía rechace las denuncias alegando una supuesta falta de "pruebas suficientes", pese a que el órgano electoral hace las demandas porque ha encontrado "indicios suficientes como para iniciar un proceso por acoso y violencia política". La vocal mencionó como ejemplo que ninguna de las 185 denuncias presentadas ante la Fiscalía en 2021 fueron aceptadas. MÁS IMPUNIDAD El caso de Juana Quispe es el más extremo, pero desde la vigencia de la ley 243 se han registrado muchos otros en los que también se impide a alcaldesas, concejalas o legisladoras ejercer sus derechos políticos con agresiones psicológicas y físicas, explicó a Efe la presidenta de Acobol, Josefina Velásquez. Esa entidad tiene registro de 644 denuncias de alcaldesas y concejalas por acoso y violencia política desde 2015, de las cuales, ninguna ha hallado justicia pues incluso se incumplen las resoluciones judiciales para que se les permita trabajar o se les pague salarios no cancelados, mencionó. Velásquez recordó el caso de Juana Choque, concejala del municipio paceño de Huarina, obligada a renunciar por su suplente en el Legislativo municipal mediante amenazas y violencia física y psicológica "en concomitancia con autoridades originarias". En febrero de 2021 se ordenó su reincorporación al concejo, pero la Alcaldía se negó a pagarle los salarios que le debía desde junio de 2018 hasta enero de 2021, denunció la representante. Otro caso emblemático fue el de Vicencia Apaza, una concejala del municipio paceño de San Pedro de Curahuara, que aprendió a andar en motocicleta para llegar a tiempo a las sesiones que eran cambiadas de sede arbitrariamente por el alcalde y el concejo para frenar su labor fiscalizadora y acusarla de un supuesto abandono de funciones. También se ha denunciado que muchos hombres suplentes de concejalas o legisladoras les exigen su renuncia al llegar a la mitad de su mandato para poder asumir la titularidad, algo que es ilegal, señaló Velásquez. LAS EXPECTATIVAS La presidenta de Acobol lamentó que muchas políticas terminen desistiendo de sus denuncias "por temor" a represalias de sus acosadores o al ver que no hay avances en las investigaciones. El órgano electoral impulsa desde febrero encuentros de mujeres elegidas autoridades en las nueve regiones para mejorar los mecanismos de protección contra el acoso y la violencia política. "El primer paso que tenemos que resolver es con el Ministerio Público que debe admitir los casos de denuncia de acoso y violencia política, no devolvernos el caso y decir que no hay suficiente prueba", dijo Chuquimia. Gina Baldivieso