El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), junto a la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contaminación por mercurio que afecta a los pueblos indígenas que viven en las cercanías del río Beni. 

La denuncia fue realizada en una audiencia específica sobre Bolivia, efectuada vía Zoom.

De acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Cartagena, en 350 personas de comunidades indígenas, cuya toma de muestras fue efectuada entre octubre y noviembre de 2021, las concentraciones de mercurio encontradas fueron superiores a 1ppm (parte por millón), que es el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Jesús Olivero, coordinador del doctorado de Toxicología Ambiental de esa universidad, explicó ante la CIDH, que el promedio de mercurio encontrado en las personas, fue de 7ppm, mientras que en los casos más severos, fueron 27 ppm. Este elemento proviene de la minería aurífera artesanal a pequeña escala.

Olivero indicó que el mercurio se encuentra en los peces que las comunidades indígenas pescan para alimentarse y que, el impacto en su salud supone un gran riesgo, ya que el mercurio es extremadamente tóxico, afecta al sistema nervioso central y otros sistemas del organismo. Según la OMS afecta también el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y ojos.

Ruth Alipaz, representante de Contiocap, y originaria indígena, denunció que la contaminación con mercurio no solo afecta al agua, sino al suelo y el aire y que la minería aurífera está destruyendo los ríos, y con ellos la posibilidad de alimentarse y transportarse para los pueblos indígenas que viven en la Amazonia boliviana. Lamentó que el Estado genere normas que en vez de proteger los derechos de estos pueblos, los vulnere. Pidió a la CIDH que visite las zonas afectadas para evidenciar los efectos de la contaminación por mercurio.

En su descargo, representantes del Estado Boliviano tomaron la palabra. El viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, indicó que se están elaborando distintas normas para reducir la importación y el uso del mercurio en la minería aurífera y que elaborarán un Plan de Acción Nacional, que es una exigencia contraída al haberse adscrito al convenio de Minamata, que regula la actividad minera aurífera artesanal a pequeña escala, y sus emisiones de mercurio. Asimismo indicó que están trabajando en regulaciones para prevenir el comercio ilegal de este químico que, según el Relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, es un gran problema en la región, dado que  existe un tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia hacia otros países.

Orellana manifestó su “profunda preocupación ante el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia”, y en las consecuencias que trae, como el “efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio indígena”.  A su juicio, en Bolivia, hace falta una regulación específica y efectiva para controlarlo. Reconoció los avances que existen, pero cree que deben fijarse plazos para eliminar el mercurio.

Alipaz llamó la atención sobre la necesidad de brindar atención a los afectados por la contaminación por este elemento, pero también sobre la necesidad de información, que además esté en las lenguas indígenas, que permitan a estas comunidades decidir adecuadamente cuando se realicen las consultas públicas.

El Estado, representado por la procuradora Patricia Guzmán, indicó que, a través del ministerio de Salud, tiene un Programa de Salud Ambiental, que cuenta con un área técnica de toxicología humana, y que, además, se han elaborado documentos para la vigilancia de la salud en poblaciones que están expuestas al mercurio.

El comisionado de la CIDH, Joel Hernández, por su parte, dejó en claro que no se trata de impedir la minería sino de que esta sea conducida dentro lo sustentable y planteó una serie de incógnitas al Estado Boliviano, dirigidas a saber cómo van a controlar la importación del mercurio y a las medidas que tomará para informar en lengua indígena para que estos pueblos puedan ejercer su derecho a la consulta pública.