En los últimos quince días algunas regiones, mediante sus dirigentes cívicos y parlamentarios, han estado haciendo preguntas sobre la marcha del censo de población y vivienda a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundiendo en los medios de comunicación sus preocupaciones sobre este evento que se realizará en noviembre de este año.  

La intranquilidad de los cívicos regionales por el censo se motiva porque con base en sus resultados el Estado boliviano asigna los recursos públicos a las regiones así como a los sectores y grupos específicos de población.

El Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) resume muy bien la normativa de la distribución de recursos.  Nos dice que los impuestos nacionales (IVA, RC-IVA, IUE, IT, ICE y GA) se distribuyen en un 20% de lo recaudado en efectivo a los municipios y 5% a las universidades, ambos sobre la base del tamaño de la población y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD)  se distribuye un 20% a las gobernaciones, de lo cual un 50% se divide en montos iguales entre todos los departamentos y un 50% se distribuye sobre la base del tamaño de la población. 

Las regiones receptoras de migración son las primeras en preocuparse porque su realidad demográfica no es correctamente retribuida en la asignación de recursos. Las regiones expulsoras de personas también están preocupadas porque, al parecer, recibirán menos recursos luego del nuevo conteo poblacional. En un caso se verificará la existencia de más gente y el en otro que existe menos población.

Por el censo de 2012, sabemos que entre los años 2007 - 2012 existieron 269.708 personas que cambiaron el lugar de residencia. También el censo de 2012 muestra que 1.033.174 personas se trasladaron a una zona ecológica diferente a la de su nacimiento. Esta cifra es mayor en 89.132 personas respecto al 2001. También por el mismo censo nos enteramos que el Altiplano es la región expulsora de personas hacia los llanos y valles.  Como la corriente migratoria continúa, no se detiene, las regiones receptoras día que pasa reciben menos ingresos dado que siguen con las cifra repartidora del año 2012. Mientras que las regiones expulsoras de personas reciben cada vez, en términos relativos, más dinero porque la distribución se realiza sobre la base de la población contada el año 2012.

La normativa que se aplica en la distribución de los recursos económicos entre las regiones está pensada para lograr la equidad en el usufructo de los ingresos del país. Sin embargo no creo que las regiones y los liderazgos que tiene cada departamento lo entiendan de la misma forma. Ellos consideran que están, en este caso específico, para resguardar los ingresos departamentales, los mismos que no se pueden tocar a no ser que se lo haga para incrementarlos. El censo es uno de los instrumentos que impulsa la equidad de la distribución económica, pero ahora se puede convertir en un detonador de conflictos regionales con el Estado.  

René Pereira Morató nos afirmaba que perder población significaba menos dinero y por tanto menos posibilidades para realizar obras y programas prioritarios. Pero también nos decía que perder población representaba tener menos escaños en la Asamblea Plurinacional, especialmente para los departamentos menos numerosos, demográficamente. 

De esta manera los dirigentes sindicales, vecinales, gremiales o cívicos se erigen en guardianes del orden establecido aunque vaya en contra de sus bases. Estos dirigentes lejos de aportar al desarrollo del país se constituyen en el freno de mano del progreso.

El INE está obligado a ser cauto y transparente. Urge que el ente encargado del censo convoque a los alcaldes, gobernadores, bancadas de diputados y senado y, por supuesto, a los dirigentes cívicos para explicar los pormenores de la preparación del censo así como presentar una cartografía actualizada. Si el censo se tiene que posponer unos meses, que se haga. Pero el resultado censal tiene que ser técnicamente bien elaborado y políticamente bien manejado.

Rodolfo Eróstegui Torres es experto en temas laborales.