Cuestionando el rechazo de la acción popular presentada para anular la sentencia constitucional que permitió la repostulación de Evo Morales el 2019, el diputado por comunidad ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, condenó que vocales insistan en sostener que la reelección es un derecho humano y adelantó que se impugnará esta resolución antes de proceder con una demanda al Estado boliviano por incumplimiento.  

Mediante redes sociales, el parlamentario de oposición cuestionó a los vocales que rechazaron la acción popular presentada por su persona para dejar sin efecto la resolución que permitió una repostulación de Morales, condenado que se desconozca la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que descarto esta posibilidad

“Hemos sido notificados con el rechazo a la acción popular presentada”, informó Pedrazas, adelantando nuevas medidas para obligar al TCP a cumplir y rectificar esta determinación.

Manifestó, además, que la finalidad de esta acción fue buscar que se deje sin efecto una resolución que provocó mucho daño al país y solo benefició a una persona con intereses de poder. “Tenía como un único objetivo reparar el daño que Evo Morales le ha hecho a todos los bolivianos”, indicó.

El legislador adelantó que en las siguientes horas se impugnará esta determinación antes de considerar el inicio de otras acciones como demandar al Estado boliviano ante organismos internacionales.   

“Estos vocales, de similar criterio al Movimiento al Socialismo, resuelven no conocer el recurso y lo rechazan, sin embargo, nosotros vamos a presentar una impugnación”, dijo.

El documento, remitido la pasada jornada sostiene que dar curso a la solicitud generaría inseguridad jurídica. “Lo pretendido por el impetrante, es improcedente, por cuanto no resulta razonablemente viable la activación de una acción de defensa para analizar las denuncias respecto a las presuntas vulneraciones de derechos emergentes de una sentencia constitucional emitida en otra acción constitucional; pues dar curso a la tramitación de esta última acción, no solo generaría una cadena interminable de acciones constitucionales, sino que las mismas derivarían en una enrome inseguridad jurídica, que desnaturaliza las acciones de defensa, situación disfuncional que debe ser evitada en etapa de admisibilidad”, señala parte del documento.