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Durante el 183 periodo de sesiones, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los Pueblos Indígenas, en el contexto de actividades extractivas en Bolivia, el relator Especial de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana conminó al Estado boliviano a presentar dentro de dos meses y medio, su plan de acción destinada a reducir el uso y comercialización del mercurio.

El Relator Especial alertó que el aumento en el uso, comercialización y tráfico de mercurio desde Bolivia a los países de la región, no solo frustran los esfuerzos de la comunidad internacional en el cumplimiento del Convenio de Minamata, sino que genera un grave problema regional.

La CIDH en respuesta a la denuncia de afectación a la vida y salud de los pueblos indígenas por la contaminación de mercurio presentada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), abrió un espacio para la audiencia pública que contó con la participación de la sociedad civil y el Estado boliviano.

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“El Fondo Mundial para el Medio Ambiente ha financiado a muchos países, y si la parte y contraparte considera que la minería a pequeña escala es más que insignificante en su territorio, tiene la obligación de notificar este hecho a la secretaría, y tiene tres años para elaborar un plan de acción (…). La notificación de Bolivia tiene fecha del 30 de mayo de 2019, tiene dos meses y medio para presentar su plan”, señaló durante la audiencia que fue trasmitida por Facebook.

Mencionó que el 28 de septiembre de 2021 en colaboración con el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali, se envió a Bolivia una carta de legaciones de violaciones de Derechos Humanos, en la cual expresaron su profunda preocupación ante el incremento desmedido en la importación y el uso del mercurio, por sus consecuencia graves en el medioambiente y la salud de las personas.

“Quiero recalcar, que la pequeña minería aurífera es la fuente de emisiones de mercurio, que son cientos de toneladas de mercurio que son liberadas a territorios indígenas cada año, esta situación genera graves injusticias ambientales, en particular, sobre pueblos indígenas y comunidades locales que viven de acuerdo a sus tradiciones y están siendo contaminados”, afirmó.

Alertó que el mercurio es un metal sumamente peligroso, pues su exposición genera discapacidades graves y puede ser letal, particularmente en personas es situación de vulnerabilidad como niños, niñas, mujeres en edad de gestación y pueblos indígenas.

“Quisiera agradecer la respuesta del Estado ya que contiene importante información sobre marcos regulatorios (…).Hace falta un plan de acción con medidas y plazos para la eliminación del mercurio”, sostuvo.

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Esta situación, dijo que afecta adversamente el derecho a la vida, la integridad personal, la salud y el derecho a un medioambiente sano.

Bolivia frustra los esfuerzos internacionales contra el mercurio

El Relator Especial para Sustancias Tóxicas de la ONU afirmó que resulta altamente preocupante el tráfico ilícito del mercurio desde Bolivia a otros países de la región porque países vecinos como Perú, Colombia y otros de la cuenca amazónica se encuentran aplicando esfuerzos para hacerle frente a este problema, y estos esfuerzos se ven frustrados por el tráfico ilegal del mercurio desde Bolivia.

“Estas trayectorias de aumento en el uso, comercialización y tráfico del mercurio frustra también el objetivo del convenio de Minamata sobre el mercurio cual es de proteger la salud humana y el medioambiente”, manifestó.

Explicó que el Convenio de Minamata es el más joven de la familia multilateral y entró en vigor desde el 2017. “El acuerdo tiene una enmienda específica para la pequeña minería que tiene la obligación de adoptar medidas para reducir el uso del mercurio, una pieza central es la elaboración de planes de acción”, recalcó.

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Por su parte, Óscar Campanini, director ejecutivo del Cedib, señaló que desde el Estado hay el consentimiento para las importaciones de mercurio, de tal modo, que 491 toneladas ingresaron entre el 2019 y 2021.

“El plan de acción para reducir el uso y comercialización del mercurio se debería entregar a fines de ese año. Sin embargo, ni siquiera ha arrancado, son tres años de gestión que no se avanzó”, dijo el investigador.

A criterio de Campanini, Bolivia cuenta con abundante normativa de protección ambiental, sin embargo, no se la cumple, ni tampoco hay voluntad desde el Gobierno por hacerla cumplir en beneficio de las áreas protegidas y pueblos indígenas.

Cuestionó que Bolivia sea el segundo mayor importador mundial de mercurio, a razón de 192 toneladas año, cuando el Ministerio de Minería señala que el sector aurífero requiere de 60 toneladas años para cumplir sus actividades.

El científico colombiano, Jesús Olivera, coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, señaló que del trabajo de monitoreo a la contaminación por mercurio en las comunidades que se encuentran en orillas del río Beni se hallaron resultados muy preocupantes.

“Tomamos 350 pruebas a comunidades indígenas del río Beni, se las analizó en el laboratorio de toxicología, las concentraciones oscilaron entre una parte por billón y siete partes por billón, con un promedio de siete partes por billón, cuando internacionalmente se acepta un billón en el cabello, pero en todos los casos se encontró concentraciones por encima”, señaló.