Durante su reciente visita a Bolivia, Diego García Sayán, relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, recibió de representantes de pueblos indígenas, colectivos de mujeres, juristas independientes, agrupaciones políticas, plataformas ciudadanas, exautoridades, abogados vinculados al sistema penitenciario y muchas otras personas, diferentes diagnósticos, testimonios, y pudo ver las consecuencias del desastroso estado del sistema de administración de justicia. También recibió, por supuesto, la versión oficial del partido gobernante, respaldada por sus militantes congregados en diferentes movimientos sociales que seguramente mostraron lo que les convino para atenuar la sórdida imagen.

Sin embargo, esa información no es suficiente, las múltiples entrevistas sólo brindan un panorama limitado de la situación, los casos concretos son ejemplo de los miles que no pudo ver, otros que evadió, pero la crisis de todo el sistema amerita, para una opinión responsable, un análisis mucho más profundo de parte del relator.

Para hacer recomendaciones mínimamente posibles y razonables, debe lograr una imagen completa; unas pocas piezas sueltas de un rompecabezas no forman la imagen. Es imprescindible que conozca y analice el contexto integral, que indague por qué el sistema de administración de justicia ordinaria, constitucional y electoral llegó a este nivel de deterioro, a tal grado de desnaturalización.

Debe ver cómo ha sido afectado el sistema democrático en su integridad, que no existe Estado de derecho, y el rol que en ese contexto juega el sistema judicial, y saber que las soluciones no deben ser parches superficiales, sino un profundo cambio estructural, que restablezca el sistema democrático.

Estamos hablando del deliberado secuestro de la soberanía del pueblo, que la Constitución determina inalienable. Ha sido alienada en favor del MAS, que bajo la falacia de arrogarse la representación de los intereses, necesidades y deseos de los pueblos indígenas y de los sectores más desfavorecidos de la población boliviana, se apropió del Estado, para desmontar el sistema democrático poco a poco, por completo, para instaurar otro -inconstitucional por supuesto-.

La estafa ideológica bautizada como “socialismo comunitario” sólo ha empobrecido a la gente y centrar la economía en la cocaína. No es una figura metafórica, de la democracia en Bolivia, solamente queda el montaje teatral de las elecciones para mantener la ilusión del sistema democrático, que pretende legitimar en el poder a quienes lo tienen ya previamente secuestrado.

Para lograr su permanencia indefinida en el poder, el MAS necesita un sistema judicial que brinde impunidad a su cúpula, que mantenga controlada a la población, que genere el miedo suficiente para impedir que se preserve la democracia. Es indispensable para ellos un sistema de justicia constitucional que avale su desprecio a la Constitución y a los convenios internacionales de derechos humanos, que les permita actuar transgrediendo el orden legalmente establecido, violándolo con la bendición del contralor constitucional. Y necesitan un sistema electoral sometido, para legitimarse ante la comunidad internacional, que los aplaude por mostrarse como un gobierno “de izquierda, indígena y que representa a los menos favorecidos”. Pues no lo es.

Si lo fuera, no humillarían a los pueblos indígenas como lo hacen a diario; no necesitarían sembrar miedo, ni las amenazas, coacción laboral, la persecución judicial, el terror colectivo mediante la toma de tierras y territorios, la división de todas las organizaciones de los pueblos indígenas, la corrupción de sus líderes,  la extorsión para determinar a quiénes elegir, y en general, el encarcelamiento de los que no se someten, el control de la información y del acceso de la mayoría de la población a medios de comunicación, en muchos casos limitado a sólo aquellos bajo su control.

El trasfondo no solo es sostener un gobierno autoritario, sustentado por su ideología de supuesta izquierda, que ha secuestrado la verdadera voz de los pueblos indígenas. Se ha arrogado las decisiones sobre lo que necesitan (o merecen), para imponerse, con el respaldo de una economía alterna, de acceso privilegiado, alimentada por el narcotráfico y sus ramificaciones perversas de crimen organizado transnacional como la trata y tráfico de mujeres y niños y otros crímenes de lesa humanidad; la dominación cultural y la persecución política.

Sin duda había expectativa sobre la visita del relator. El ministro Lima dijo que “a partir del escrutinio público internacional Bolivia romperá el falso discurso de que en el país hay perseguidos políticos”, y que García Sayán “viene al país y con una posición muy clara, como es el sistema universal de derechos humanos, dejar de decir que hay violación a la independencia judicial, cuando no la hay en este país; dejar de decir que hay perseguidos políticos cuando no los hay, dejar de decir que hay falta de independencia cuando eso no existe, cuando tenemos jueces independientes y un sistema que está en funcionamiento”.

Si todo funciona tan bien, ¿para qué vino el relator? Si el sistema judicial es independiente, ¿para qué el ministro Lima organizó esa fallida comisión de asesoramiento, conformada por “notables” que apoyarían en la “reconducción del sistema judicial del país?”, ¿para qué el ministro Lima firmó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un “protocolo para la observación de procesos judiciales?”. ¿Por qué la COB exigió -con éxito- al Presidente más cambios de jueces y fiscales, “hasta que todos le hagan caso?”. Ya hemos visto cómo a los que no obedecieron -hay varios casos- los destituyeron y encarcelaron o los obligaron a renunciar.

La firma del acuerdo entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el ministro de Justicia y no con el Órgano Judicial es una mala señal. El Órgano Ejecutivo ha tomado definitivamente las riendas del sistema de administración de justicia, con la bendición del relator y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ¿Será que toda la expectativa que tuvimos caerá, una vez más, en saco roto?

Hay mucho más que decir al respecto, son temas que ameritan un análisis específico, como el acceso de las mujeres al sistema judicial; la situación de los pueblos indígenas y la tutela de sus derechos; los grupos irregulares; las restricciones al ejercicio de los derechos político electorales; la credibilidad del sistema electoral; el medio de verificación que debe existir a disposición de la gente; el sistema educativo como mecanismo de adoctrinamiento.

Todos estos temas están vinculados, sin duda, al ejercicio de los derechos humanos, que el Estado debe garantizar, y que el sistema judicial tiene obligación de tutelar.

Rosario Baptista Canedo Abogada, exvocal del TSE