La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 183 período ordinario de sesiones del 7 al 18 de marzo, destinará este lunes 14, una audiencia especifica sobre Bolivia para exponer la situación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por la contaminación por mercurio.
Esta respuesta se da a la solicitud presentada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
Durante la audiencia, ambas organizaciones de la sociedad civil expondrán información importante sobre los impactos de la minería aurífera en el país y la falta de regulación del mercurio, los estudios realizados por distintas organizaciones que demuestran la contaminación por mercurio de poblaciones indígenas; el rol negativo de Bolivia a nivel internacional como el centro principal de tráfico ilegal de mercurio en la región; y, los impactos en la vida, salud e integridad personal de varias comunidades indígenas en el país.
La audiencia contará con la participación de representantes del Estado quienes podrán presentar respuestas y aclaraciones ante las consultas que realizarán los Comisionados de la CIDH sobre esta temática.
El objetivo de la audiencia consiste en informar a la CIDH y a la comunidad internacional sobre la situación de crisis medioambiental en Bolivia debido a la falta de regulación de la minería aurífera y el uso ilegal e irregular del mercurio; los impactos en los derechos humanos de la población boliviana; y, la necesidad de incrementar la atención internacional sobre este tema, debido a la evidente inacción por parte del Estado.
Relator Especial y su mirada sobre Bolivia
El Relator de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, tendrá un espacio durante la audiencia para presentar información recogida por su relatoría sobre esta temática, de acuerdo con el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos.
En diciembre de 2021, durante su exposición en un evento organizado por el Cedib a razón de su carta de alegaciones enviada al Estado boliviano, el Relator afirmó que “Bolivia se ha convertido en el centro de tráfico de mercurio hacía la minería ilegal en otros países”.
Ante la gravedad de la situación anunció que visibilizaría esta realidad en foros internacionales y que ello podría pasarle factura a Bolivia, reduciendo significativamente recursos de la comunidad internacional a favor de programas y proyectos medioambientales.
