Se ha convertido en un cuento chino la cantaleta de la “madre tierra”, uno de los eslóganes asiduos del régimen de los 14 años y herencia favorita del gobierno de Luis Arce. Ni los gobernantes ni sus bases respetan ni cuidan la madre tierra. Así lo prueban los avasallamientos a la propiedad privada y pública, porque desarraigan los predios de su uso específico. Menos se las respeta y más bien se depreda las áreas protegidas, los parques nacionales, ni se salvan las tierras comunitarias de los genuinos pueblos indígenas originarios, como los chimanes, utuquis, lecos, charaguayos, etc.
Las aguas lacustres y fluviales son intrínsecamente parte de la madre tierra, pero son infestadas con toda clase de deshechos (el lago Titicaca), con mercurio y otros. Últimamente —no es la primera vez– penetró maquinaria pesada al Área Protegida del Madidi, Reserva de Mayor Biodiversidad, con destino a la explotación de oro y otros minerales. Se sabe que se trata de súbditos chinos y connacionales de una cooperativa, que empiezan a explotar sin permiso ni autorización alguna. Este tipo de actividad ilícita está dispuesta, seguramente, a pagar coimas y sobornos a las autoridades encargadas de la preservación de parajes como el Madidi.
No es esa la única área protegida objeto de invasión, también están afectados: Mapiri, Guanay, Teoponte y Apolo, que forman parte del norte paceño. Chinos, colombianos y de otras nacionalidades se encubren como “cooperativas”. Este tipo de minería prácticamente ha cuadriculado las riberas de los ríos y tierras colindantes, y como dueños y señores alquilan su membrecía o razón social a los traficantes extranjeros para que funcionen con el disfraz de “cooperativas” y gocen del obsequio que les hizo el MAS de no pagar ningún impuesto o trabajar como si no existieran, o tributen lo mínimo, estén liberadas de cotizar regalías, incumplen la Ley General del Trabajo con sus trabajadores, no pagan beneficios sociales, seguros, etc.
La oposición se ha sumado a las reclamaciones de los pobladores de esas regiones, pidiendo la intervención de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por incumplir sus funciones legales de autorización y supervisión. Esto, al mismo tiempo, forma parte de la depredación de los ríos del norte de La Paz y del Oriente del país, asiento de la explotación aurífera.
Los organismos internacionales de control de sustancias tóxicas, como el mercurio, califican a Bolivia como el “número uno” en la importación de mercurio, a lo que hay que añadir el contrabando del mismo. Ese importante dato revela la tremenda contaminación que sufren los ríos y que envenenan a las poblaciones respectivas alimentadas por peces de agua dulce, producción también comercializada en los mercados del país. Mientras tanto, los ministerios de Medio Ambiente y Minería, ¡bien gracias!