Mientras más se alarga en el tiempo, más riesgo hay de que la necesaria reforma de la justicia acabe convirtiéndose en un asunto político más, en otro asunto en el que los partidos acaben arrojándose los argumentos a la cabeza sin discutir realmente, y todo quede en puras consignas que acaben bloqueando cualquier iniciativa.

Si eso pasa, el Movimiento Al Socialismo (MAS) activará su rodillo parlamentario y aprobará su reforma de la Justicia - a la medida o no -, que será automáticamente cuestionada y desconocida por la oposición y por ende, no habrá un parto consensuado y no se habrá despejado la sombra de la sospecha, que es lo que hoy por hoy se precisa por encima de todas las cosas.

Para que esto no pase, la sociedad civil se convierte en el baluarte de la verdad y es quien debe mantenerse alerta, con el cronómetro en la mano, exigiendo respuestas inmediatas y reformas de fondo que acaben con esta lacra. Por el momento, los colectivos de mujeres son las que han activado el proceso y con toda seguridad, van a ser quienes deben velar porque se cumplan los compromisos.

No conviene olvidar el disparador de todo esto, sobre todo porque siguen goteando casos a cada cual más grotesco: un feminicida sentenciado en 2013 estaba libre en su casa de El Alto mientras seguía cometiendo asesinatos. Ese hombre salió de la cárcel con dinero, dinero que pagó para que jueces y fiscales armaran un cuadro clínico que le permitió la excarcelación.

Poco a poco se van descubriendo más cosas: en Tarija, por ejemplo, fugó un parricida que dicen había sido el “mediador” de la Magistratura en Morros Blancos, y un menonita al que se acusa de haber violado a 150 mujeres salió de prisión pagando 25.000 dólares. Ni siquiera es demasiada plata, que diría aquel. El asunto es por demás vergonzoso y denigrante para Bolivia como sociedad y no solo para una profesión que los propios profesionales han denigrado.

Es evidente que la reforma no se hace en un día y que hay que empezar por la base, exigiendo más a los universitarios y, sobre todo, a sus docentes, que a menudo incurren ya desde la facultad en pequeñas malas mañas con la compra de libros, de fotocopias, y a más, negociando preguntas de examen.

Ahora, quien crea que esto se arregla suspendiendo la elección directa de los jueces o permitiendo a la minoría de la Asamblea Plurinacional tener su cuotita de jueces amigos está muy equivocado. La elección de jueces, incluida en la Constitución, hay que mantenerla, pero el proceso de selección de candidatos debe ser mucho más transparente.

El resto es garantizar los mecanismos qué, por un lado, garanticen el acceso a los cargos más altos de los mejores, con la tranquilidad de saber que si hace bien su trabajo tiene la vida resuelta – lo que implica ser fiel a la Constitución y las leyes y nada más – y por otro, los mecanismos de transparencia debida que fiscalice los patrimonios y demás prerrogativas de todos los jueces, fiscales y abogados involucrados en la cosa de juzgar.

Es evidente que hay una responsabilidad civil y política de haber dejado que la justicia se pudriera a la vista de todos sin haber hecho nada antes, pero por suerte, estamos a tiempo. La indignación es grande y no se puede perder la oportunidad de acabar con esto y empezar una nueva historia en la que Bolivia sea una tierra de Ley, ni más ni menos.