Llevamos un largo tiempo de degeneración institucional en todos los niveles del Estado, desde el Ejecutivo hasta el Judicial, pasando evidentemente por el Legislativo. La degeneración de la vida política va en aumento y no hay señales de mejoría; ahí están las broncas en el Senado y en Diputados (sin que David Choquehuanca pueda imponer su positiva trayectoria); ahí está la designación de un gabinete del MAS con el que el propio Evo Morales está en desacuerdo; y ahí están (como siempre) los escándalos que provienen del Poder Judicial.

Pero la degeneración de nuestro “Estado Plurinacional” está llegando a extremos nunca vistos, y el ejemplo más visible y doloroso es lo que está pasando en la institución que mucho tiempo había sido ejemplo de limpieza institucional y de coherencia política, como es la del “Defensor del Pueblo”, que en Bolivia tiene ya 23 años de existencia y que había sido sumamente respetable (y respetada) durante la mayor parte de su existencia. La primera “Defensora” fue doña Ana María Romero, que en toda su gestión se mostró eficiente, responsable y consecuente, de manera que a estas alturas podemos afirmar que gracias a ella se acreditó por mucho tiempo dicha institución.

Sin contar con la suplencia de Carmen Beatriz Ruiz (ante la inesperada renuncia de Doña Ana María), el segundo  Defensor fue Iván Zegada, que se ve obligado a renunciar por el hecho de que su elección fue fruto de un cuoteo político (que ya pudo haber provocado un descrédito de dicha institución, pero que fue corregida por la renuncia de Iván Zegada). Luego vino la gestión correcta y provechosa de Waldo Albarracín. Y tras el largo interinato de Rielma Mencias (que estuvo a la altura de su responsabilidad) vino la gestión de Rolando Villena, que pese a haber sido elegido por una mayoría de senadores del MAS, tuvo el coraje de ser crítico del presidente Evo Morales, y que mantuvo el prestigio de la institución.

Fue la gestión de Tezanos Pinto (que se ve obligado a renunciar por problemas con el Senado, pese a su cercanía con el MAS) la primera que lleva a una decadencia de todo lo que había sido la institución del Defensor/a del Pueblo, decadencia que hoy se está mostrando creciente y lamentable. El MAS aparece peleando por un candidato que pertenece al partido (cuando siempre había sido evidente la imparcialidad política de dicho cargo), violando para ello artículos de la Constitución (que nunca fue muy respetada por dicho partido). El proceso que lleva en estos días la elección de dicha autoridad se parece a una elección de alcalde (o alcaldesa); llegando al extremo de que la (insuficiente) mayoría masista opta por apagar la luz y abandonar el Parlamento.

Y es que en el Senado se peleaba para que se prescindiera de los “dos tercios” necesarios para dicha elección (Artículo 220 de la Constitución), por la sencilla razón de que el MAS no los tiene; proponiendo para ello cambiar la norma de los dos tercios. Hay quien apoya a la dirigente Lidia Patty, pero se anuncia también la postulación del ex Procurador, y el ataque a las senadoras que no se suman a las instrucciones del MAS. ¿Dónde queda el supuesto papel del Defensor o Defensora, equidistante entre el Estado y sus posibles víctimas?

Toda esta triste situación desacredita la institución del Defensor/a del Pueblo, que se verá arrastrada por el descrédito del Estado y sus instituciones. ¿Qué creen ustedes que habría opinado Doña Ana María Romero ante esta degeneración, ¿no se hubiera vuelto a morir del disgusto?

Ojalá la opinión pública sí recuerde a Ana María Romero y exija el Estado (y sus poderes) que tome las medidas necesarias para la recuperación del prestigio con que nació la institución.

¿No lo creen Uds. así, amables lectores y lectoras?

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba