El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó este jueves que esa instancia judicial finalizó las intervenciones en los 18 juzgados de ejecución penal que hay en el país, donde se evidenciaron irregularidades en fallos contra autores de feminicidios y violaciones. Dijo que el proceso concluyó con la destitución de 11 jueces y siete fueron remitidos a procesos disciplinarios.
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El presidente de la instancia judicial informó que se revisaron más de 1.000 expedientes de casos relacionados a feminicidio, asesinato y abuso sexual.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina (centro), da detalles de la intervención a los 18 juzgados del país. / Foto: Consejo de la Magistratura.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó este jueves que esa instancia judicial finalizó las intervenciones en los 18 juzgados de ejecución penal que hay en el país, donde se evidenciaron irregularidades en fallos contra autores de feminicidios y violaciones. Dijo que el proceso concluyó con la destitución de 11 jueces y siete fueron remitidos a procesos disciplinarios.
“La sala plena del Consejo de la Magistratura determinó el cierre de los operativos que hemos realizado en los 18 juzgados de ejecución penal que hay en el país, de los cuales se revisó más de 1.000 expedientes de casos referidos a delitos de feminicidio y violación, en el marco de la Comisión interinstitucional de seguimiento a este tipo de hechos”, informó Molina, en conferencia de prensa.
Precisó que durante la intervención de los juzgados se encontró 73 procesos penales irregulares, los cuales ya fueron denunciados ante el Ministerio Público; además, se logró detectar 266 casos de responsabilidad disciplinaria.
“En ese sentido, el Consejo de la Magistratura en sala plena ha tomado la decisión conjunta de cesar en sus funciones a 11 jueces de ejecución penal y remitir a procesos disciplinarios a siete jueces”, declaró la autoridad judicial.
Entre las autoridades judiciales que fueron destituidas del Consejo de la Magistratura están Ricardo Illanes Saavedra, juez de Beni; Vidalia Morales Ávila, de Chuquisaca; Rubén Marcelo Leiva y Rosalía Orellana, ambos de Cochabamba; Rafael Alcón, de La Paz.
Además están Abraham Aguirre, también de La Paz; Germán López Moya, de Oruro; Héctor Willy Espinoza, de Potosí; Gualberto Rueda Flores, Alberto Moreira, Isabel Amelia Paz, los tres últimos de Santa Cruz.
Los jueces que fueron remitidos a proceso disciplinario son Jhovana Torrico Díaz, de Cochabamba; Hernán Eulogio Galier y Javier Flores Mamani, de La Paz; Marco Antonio Laurel e Iván Patón Núñez, de Pando; María López Vargas, de Santa Cruz; Carla Noelia Mariscal Esquivel, de Tarija.
“Con estos actuados hemos terminado las intervenciones a los 18 juzgados de ejecución penal, consideramos que el Consejo de la Magistratura ha tenido un rol fundamental para el esclarecimiento de estos hechos. Esperamos que este tipo de actos no vuelvan a ser cometidos por autoridades jurisdiccionales, son 76 procesos penales que hemos instaurado, una docena de autoridades que han sido aprehendidas y se logró la recaptura de más de una docena de personas que han sido liberadas de manera irregular”, indicó Molina.
El 10 de febrero, el Consejo de la Magistratura informó que inició el trabajo de revisión de todos los casos que tienen que ver con feminicidio, asesinato y violación con agravante, que tienen sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto, para identificar si se benefició a sentenciados.
La verificación en los 18 juzgados del país tiene que ver con los casos registrados entre 2013 y 2022.
