La política es (también) el medio por el cual una sociedad puede transformarse a sí misma. Los políticos son las personas que pueden generar resultados deseables si combinan adecuadamente sus esfuerzos, y mejor si lo hacen en forma diligente y discreta, buscando concretar los acuerdos que beneficiarán a la mayoría. Hay que aceptar que, para alcanzar los mejores resultados, todos deben cooperar y ceder, en favor de una coordinación común.
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Ante el descreimiento en los resultados de la cumbre anunciada por el Gobierno y de sus promesas de reforma, ha llegado la hora de los ciudadanos y de la sociedad civil. Pocas veces hemos estado tan de acuerdo sobre un asunto tan central como la situación de la justicia, sostiene este análisis colectivo.
Desde hace mucho tiempo el Órgano Judicial ha sido relegado en relación con los órganos Ejecutivo y Legislativo y, en varios períodos, ha sido puesto al servicio del Ejecutivo. Sin embargo, nunca había tenido lugar un copamiento sistemático y total de su estructura y, consiguientemente, su manipulación, como ha ocurrido a partir de enero de 2006, cuando el MAS asumió el poder, lo que llevó a que dependa no sólo del Ejecutivo sino del propio MAS.
Bajo la falacia de que el pueblo debe elegir a los miembros del Órgano Judicial, su copamiento y manipulación se han “constitucionalizado” y “legalizado”, sin reparar en que la preselección de candidatos la realizó la Asamblea Legislativa Plurinacional (con 2/3 de miembros pertenecientes al MAS) y el pueblo tuvo que “elegir” entre los preseleccionados por el MAS. Los demás jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, que es precisamente una de las instancias ”elegidas” por voto popular y designa a personas afines al MAS, obedientes a las órdenes superiores, sin formación adecuada y a las cuales se les exige, además, el pago de fuertes sumas de dinero.
El Órgano Judicial tiene hoy tres características fundamentales:
1. Sumisión a los requerimientos del Órgano Ejecutivo y del MAS, que se hace efectiva a través de: a) la preselección de candidatos por la ALP; b) establecimiento de nuevos procedimientos para la nominación de ejecutivos de órganos auxiliares (como la Policía) que pasan por la aprobación del Órgano Ejecutivo y frecuentemente por la Presidencia misma del Gobierno; c) establecimiento creciente de la obligatoriedad de militancia en el partido de gobierno a los jueces, fiscales y funcionarios de rango menor, agravada por la reforma del estatuto del MAS, y que incluye contribuciones financieras y el compromiso de protección mutua; d) aplicación estricta pero selectiva de las normas y procedimientos contra opositores; destitución arbitraria y reemplazo arbitrario de jueces.
2. Persecución judicial en contra de toda persona u organización que no se someta a los dictados del MAS, a la vez que protección indisimulada de autoridades y militantes masistas, pese a que pesan sobre ellas evidentes indicios de culpabilidad. En el caso de la persecución se tiene el ejemplo de la expresidenta constitucional transitoria Jeanine Añez, encarcelada ilegalmente y a punto de ser sometida a un juicio ilegal, a varios oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía y a opositores igualmente encarcelados.
La protección a militantes del MAS se demuestra con el trato que recibe el gobernador de Potosí, pese a la evidente corrupción en la adquisición de 41 ambulancias, en tanto en contra del de La Paz se ha iniciado un procedimiento judicial por un hecho evidentemente reprochable pero menos grave que el del primero. Otro ejemplo es el caso Las Londras, en el cual la libertad y la seguridad de más de 20 personas (periodistas y policías) fueron vulneradas y su vida estuvo en evidente peligro. El caso no avanza como debiera.
3. Administración de justicia desarrollada en medio de descomunales actos de corrupción, prebenda, favorecimiento de delincuentes y un largo etcétera, que ponen al pueblo boliviano en manos de verdaderos incapaces dispuestos a todo a cambio de dinero y poder.
En el ADN del MAS está la sumisión del Órgano Judicial al partido de gobierno. El expresidente Morales no cree en la independencia de poderes, la considera una doctrina norteamericana y del capitalismo. De manera similar se expresó el exvicepresidente García Linera, cuando escribió: “(…) La llamada “independencia de los poderes (en este caso del Poder Judicial) es una ilusión liberal creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia el poder económico moderno (…)”.
La Jurisdicción Indígena Originario Campesina ha sido evidentemente dejada de lado mediante la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que la ha confinado a un lugar peor al que tenía luego de la reforma constitucional de 1994, que la reconoció.
La sumisión del Órgano Judicial se extiende al Ministerio Público, devenido fiscalato contra los opositores, a la Policía y a los funcionarios de régimen penitenciario, que obedecen ciegamente los dictados del MAS.
Los abogados también la pasan mal. La derrota que sufrió el MAS en la elección del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz en 2008, dio lugar a la puesta en vigencia del DS 100, que abrogó la Ley de la Abogacía de 1979 y confinó a los colegios de abogados a un papel meramente gremial, sujeto en sus decisiones relativas a faltas disciplinarias, al Ministerio de Justicia. Esto se ha ratificado con la Ley del Ejercicio de la Abogacía de 2013.
Indignación ciudadana y reacción gubernamental
La concesión, por parte de diferentes jueces, de arresto domiciliario a sujetos sentenciados por asesinato, indignó a la ciudadanía, que se encuentra movilizada exigiendo una verdadera justicia. El Gobierno, causante del descalabro judicial, reaccionó conformando una comisión que tuvo que ser inmediatamente reforzada, y ha anunciado para marzo una cumbre (¡una más!) que debería dar frutos, según el Ministro de Justicia, para 2025.
Lejos de reconocer que lo que ocurre es consecuencia de la manera en que el MAS sometió al Órgano Judicial a sus dictados, los personeros gubernamentales y los militantes masistas felicitan efusivamente a los comisionados, olvidando que el Consejo de la Magistratura, encargado por ley de estas tareas, las incumplió olímpicamente.
Hay descreimiento en los resultados de la cumbre anunciada por el Gobierno y de sus promesas de reforma, entre otras cosas porque ésta es la cuarta que se hace desde que el MAS volvió al poder en 2020. Las tres anteriores fracasaron estrepitosamente.
El descreimiento tiene que ver, adicionalmente, con que luego de afirmarse que debe haber un acuerdo nacional para encarar la reforma, desde el Ministerio de Justicia se descalifica a quienes critican sus propuestas y a quienes se acusa de “golpistas” por pedir la renuncia de los magistrados en funciones.
Al MAS no le interesa reformar la justicia
Justificando lo que ocurría con la justicia, el año 2018, el expresidente Morales decía: “Si alguien ahora protesta contra las autoridades del Órgano Judicial, (es porque) seguramente extraña que la embajada (de EEUU) siga designando y manipulando la justicia boliviana”, añadiendo que no le preocupaban las protestas en contra de la justicia del país y pidiendo a los “hermanos” de la justicia boliviana “no molestarse”, porque “ahora hay libertad para elegir a las autoridades”.
Ésta es la lógica que sigue imperando en el Gobierno, lo que demuestra que al MAS no le interesa reformar la justicia, que hoy ha reemplazado al antiguo DOP de la dictadura banzerista o al SES de García Meza.
Una justicia dependiente y manipulable es un gran instrumento para conservar el poder, perseguir a opositores, evitarse desafíos legales, protegerse, y finalmente evadir las sanciones que les correspondería sufrir si hubiera una justicia real e independiente. El MAS no reformará la justicia; hay que imponérsela.
La hora de los ciudadanos
Pocas veces hemos estado tan de acuerdo sobre un asunto tan central. Nadie en su sano juicio se atrevería a negar la putrefacción total de la justicia, que no se limita a la administración de justicia, sino que abarca también la forma de elaboración de las leyes, la selección de los jueces, fiscales y altas autoridades, y el funcionamiento de organismos que sin ser parte del Órgano Judicial, tienen relación directa o indirecta con él, como el Ministerio Público, la Policía e incluso la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría y otros que, a su manera, contribuyen a esa descomposición.
La justicia es inseparable del ejercicio de la libertad y los demás derechos. Se puede decir que, para vivir en paz, cedemos una pequeña parte de nuestra libertad para que sea reglamentada por las normas, y a cambio obtenemos el derecho de decidir continuamente dónde queremos vivir, lo que deseamos hacer, y en fin, tomar una multitud de decisiones que enriquecen o arruinan nuestras vidas individuales. La ley y la justicia son garantía del ejercicio de los derechos y de una vida colectiva pacífica; una razón poderosa para que todos nos sometamos a esas normas que son el resultado de milenios de evolución y forman parte esencial de la civilización y del sistema político más elevado que se ha concebido hasta ahora, la democracia, que cuando funciona asegura que grupos e individuos con intereses y posiciones muy diferentes puedan convivir pacíficamente, a condición de cumplir con ciertas reglas comunes.
En los últimos meses varios grupos de juristas destacados han hecho conocer sus propuestas de reforma de la justicia, las que han sido recibidas con interés y hasta con entusiasmo en una parte de la sociedad y que tienen puntos coincidentes cuando señalan que se debe buscar la independencia del Órgano Judicial del MAS, presupuesto adecuado, modificar la modalidad de selección, que los jueces sean idóneos, probos e imparciales, que se elimine la corrupción, el cohecho y la extorsión, así como la persecución judicial, que se suprima la retardación de justicia y se permita la participación de la ciudadanía.
Ha llegado la hora de reformar la justicia para elevar la calidad de la democracia misma, poniendo en marcha una movilización social que supere las dificultades que puedan presentarse.
Por ello, es indispensable crear un apoyo apropiado a las iniciativas de reforma de la justicia, el cual debería surgir de los partidos y agrupaciones políticas con representación parlamentaria, de los comités cívicos y de algunas entidades profesionales, como los colegios de abogados. Otras organizaciones, como aquellas que han demostrado su interés en proteger los derechos contra leyes arbitrarias, deberían sumarse.
En conjunto, estas organizaciones combinadas podrían generar el ambiente político apropiado como para que las propuestas de reforma sean conciliadas y sean después respaldadas por un amplio movimiento.
Indudablemente, existen varias propuestas acertadas -una misma enfermedad puede ser tratada con varias medicinas diferentes- pero lo esencial es identificar los pasos y contenidos imprescindibles de una reforma judicial, para convocar a la ciudadanía a movilizarse. Proponentes y actores deben tener presente que la reforma de la justicia no se hará de una vez y para siempre, sino que será un proceso que durará varios años y que deberá ser perfeccionado continuamente.
Se cree que las propuestas difieren entre ellas por el papel y el momento de aplicación de un posible referendo. Ésa es una verdad a medias. La cuestión central es si la sociedad logrará imponerse al Gobierno, o al revés, y esto nos lleva otra vez a la cuestión de la movilización colectiva: la imposición de la reforma se hará desde las calles, con referendo o sin éste, con relator de la ONU o sin él.
La política es (también) el medio por el cual una sociedad puede transformarse a sí misma. Los políticos son las personas que pueden generar resultados deseables si combinan adecuadamente sus esfuerzos, y mejor si lo hacen en forma diligente y discreta, buscando concretar los acuerdos que beneficiarán a la mayoría.
Hay que aceptar que, para alcanzar los mejores resultados, todos deben cooperar y ceder, en favor de una coordinación común.
