A veces, la verdad puede ser difícil de manejar y, aunque se la conozca de antemano, o se la sospeche, siempre se encuentra la manera de eludirla, al menos, por algún tiempo.

Ese miedo a enfrentar la verdad no es algo exclusivo de las personas, como seres individuales, sino también de las sociedades. Es lo que está pasando, sobre todo en la clase media de Bolivia, con el episodio del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Como se recuerda, Áñez llegó al Gobierno en medio de grandes festejos populares en las capitales de departamento y en ciudades intermedias. Desde sus primeros minutos, se propagandizó lo que era llamado como “el triunfo de la democracia”, entre otros denominativos, frente al intento de Evo Morales de perpetuarse en el poder.

De acuerdo con ese relato, que era generalizado, primero, Morales había ignorado el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y, después, instrumentalizado un fraude electoral con la intención de evitar una segunda vuelta de resultados imprevisibles.

Por la presión callejera, Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron y luego huyeron del país, en medio de maniobras evasivas que ya dieron lugar a la publicación de varios libros. No hubo golpe de Estado, porque no se suspendieron las garantías constitucionales y el Congreso siguió funcionando, al igual que los demás niveles de gobierno. Incluso, el Órgano Legislativo se quedó en manos del partido del expresidente fugado.

Para cualquier analista de ese momento, y para los historiadores del futuro, era el instante preciso de ajustar cuentas con quienes prácticamente se habían adueñado de la administración política del país. El fraude había sido confirmado, incluso, mediante un dictamen de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en aquellos días, el propio Morales se había comprometido a respetar.

Además estaban pendientes varios casos de corrupción endilgados al gobierno caído, como el del Fondo Indígena y el de Gabriela Zapata, expareja del político huido.

No pasó mucho tiempo para que la legitimidad alcanzada con la asunción de Áñez se diluyera producto de las mismas ambiciones de poder de la mandataria y de su entorno político.

Mientras su gobierno transitorio se alargaba más de la cuenta, de pronto se anunció la candidatura de la presidenta para las elecciones de octubre de 2020. Y ese fue el comienzo de su final, con coletazos que ella misma siente, hoy en día, en persona, recluida en la cárcel Miraflores de La Paz.

Poco a poco, el mal gobierno de Áñez —que llegó incluso a suspender la gestión educativa en curso y a eliminar el Ministerio de Culturas, dos medidas muy cuestionadas— fue dando un nuevo aire al Movimiento Al Socialismo (MAS), que con la huida de sus dos máximos referentes políticos había quedado contra las cuerdas.

Aquel gobierno hizo exactamente lo mismo que la oposición venía cuestionando a las administraciones de Evo Morales: uso y abuso del poder público para perseguir a sus detractores. Algo que, por lo demás, no ha cambiado después de las elecciones ganadas por Luis Arce. La manipulación y la injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial, el Ministerio Público e incluso el Tribunal Constitucional Plurinacional, son realidades que en la actualidad no se atreven a desmentir ni los propios oficialistas.

Así llegamos a este marzo de 2022, con Áñez y otros presos denunciando procesos injustos en contra de opositores o personajes que cumplieron distintos papeles en la movilización ciudadana de octubre y noviembre de 2019.

Lejos parece estar la paz y la tranquilidad del país. Incluso peor después de la llegada del relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien llegó a declarar, con repercusiones en todo el mundo: “En Bolivia, la justicia está lejos de la gente”.