Cuando están por cumplirse 10 años de la promulgación de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, sólo una denuncia llegó a sentencia.
Expertos identificaron al menos cuatro factores que provocan que los casos de acoso y violencia no avancen: la falta de protocolos de actuación en los gobiernos subnacionales, la dificultad de probar las denuncias, la presión política y la lentitud de la Fiscalía y de los Juzgados.
Estos dos últimos son el “cuello de botella”, ya que se paraliza la mayor parte de las denuncias de acoso y violencia, explicó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia.
Entre 2020 y 2021 se reportaron 46 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres, la mayor parte sin avances en las investigaciones.
“Apuntamos al hecho de que las instancias que corresponden, como es el Ministerio Público y el Órgano Judicial, pues agilicen estos casos. Nosotros acompañamos. Pero en este momento el principal obstáculo es que en el Ministerio Público los casos se duermen el ‘sueño de los justos’”, dijo Chuquimia.
Indicó que las mujeres electas que se animan a denunciar, desisten porque es difícil probar el acoso, además los acosadores presionan para que dejen el caso.
A esto se suma que muchas mujeres electas no conocen la normativa y sus derechos, y tampoco saben dónde acudir.
