Seis años después de su realización, la exministra de Salud y expresidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, reveló que no estaba de acuerdo con la realización del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016, proceso que buscada modificar la Constitución para permitir una nueva postulación del entonces presidente Evo Morales.

Entrevistada por La Razón, Montaño afirmó que ese año (2016) ella, como presidenta de Diputados, y junto a  José Alberto “Gringo” Gonzales, entonces presidente del Senado, rechazaban la idea de realizar el referéndum constitucional.

“Yo mantengo mi posición, que Evo Morales en ese momento era la garantía de unidad del bloque popular. Las vías que hubieran habilitado a que Evo Morales pudiera presentarse a las elecciones nuevamente eran necesarias de impulsar políticamente. Y, yo no estaba de acuerdo por ir con la vía del referéndum, yo planteaba otra vía junto al ‘gringo’ Gonzáles, los dos éramos presidentes de ambas cámaras, pero nuestras posiciones fueron derrotadas internamente”, afirmó Montaño.

Finalmente, el 21 de febrero del 2016 se realizó el referéndum y aproximadamente el 51% de la población rechazó modificar la constitución para habilitar a Morales a una nueva repostulación.

Luego, el MAS acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y apeló que la reelección es un “derecho humano”, por lo que Morales pudo postular a las elecciones del 2019, ante el rechazo de una buena parte de la población que el 21-F votó en contra de la reforma constitucional.

Ya en los comicios del 20 de octubre del 2019, Morales ganó en primera vuelta, pero la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) levantó las sospechas de un presunto fraude electoral.

El principal candidato opositor, Carlos Mesa (CC), llamó a una movilización ciudadana en contra del presunto fraude y a medida que pasaron las horas los cívicos que se oponían a la continuidad de Morales tomaron alto protagonismo en un paro que se alargó por varios días.

Ya en la madrugada del 10 de noviembre del 2019, un informe preliminar de una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló presuntas “irregularidades” en los comicios bolivianos y señaló que no puede validar los resultados que dieron la victoria a Morales y al MAS en primera vuelta.

Horas más tarde, la policía y las Fuerzas Armadas recomendaron la renuncia de Morales ante la ola de violencia y el incremento de protestas ciudadanas que pedían no solo unos nuevos comicios, sino la dimisión del entonces Presidente.

Así, ese 10 de noviembre en la tarde Morales presentó su renuncia a la Presidencia del Estado y un día después recibió asilo político en México, país la que se fue junto a su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, y, precisamente, junto a Gabriela Montaño.