En esta nueva era de invasiones y guerra, algunos compromisos que supuestamente diferenciarían a las autoridades actuales de sus predecesoras, son quebrados, silenciosa pero persistentemente, por el Gobierno, al mismo tiempo que tras la propaganda de “grandes obras y realizaciones” se acumulan decisiones cuyo costo castigarán a la mayoría de bolivianos.

En cuanto a lo primero, la iniciativa presidencial de utilizar vuelos comerciales y desechar el uso de la flotilla de aeronaves, empleadas intensivamente por los exmandatarios Morales y García, se ha evaporado más rápido de lo que llegó, con una significativa cuan inexplicable elevación del costo de los vuelos de la aeronave presidencial.

Cuando asumió Luis Arce C. afirmaba que usaría vuelos comerciales porque “un vuelo (del avión presidencial) nos cuesta mucha plata”. Pocos meses después, esas austeras reflexiones han cedido su lugar a facturas por encima de los 98.000 dólares, en siete viajes internacionales del mandatario. Esa suma solo cubre el “handling” (limpieza del avión, la descarga de equipaje, el llenado de agua potable, embarque y desembarque) y las comidas, pero no el combustible y gastos operativos y de funcionamiento.

En torno a los riesgos de que los recursos comunes se continúen consumiendo en emprendimientos que ni siquiera pueden cubrir sus costos de construcción y menos de funcionamiento, el presupuesto último aprobado confirmó la intención oficial de gastar una parte considerable de nuestros ingresos en el mantenimiento de proyectos insostenibles.

Como los ejemplos más conocidos están los 1.000 millones de dólares dilapidados en la planta de litio que no exporta litio; la de urea, con costo similar, que nunca ha llegado a funcionar ni a la mitad de su capacidad instalada; la de azúcar, cuyo costo se aproxima a los 300 millones, y que no tiene materia prima para procesar o los aeropuertos en los que no han despegado ni aterrizado aviones.

A dicha lista corta y la muy larga que no alcanza a mencionarse en este artículo, tiene posibilidades de agregarse el accidentado proyecto siderúrgico del Mutún que, según las autoridades, estaría funcionando el año próximo, con una inversión de $us 546 millones, de los que ya se han desembolsado más de 104 a la contratista, la china Sinosteel Equipment and Enginering.

Sin embargo, esta iniciativa para apresurar la marcha no parece resolver algunas cuestiones fundamentales que frenaron anteriormente su avance. Las más importantes son la construcción de 17 kilómetros de gasoducto y 120 kilómetros de acueducto, indispensables para el funcionamiento la siderúrgica.

Ambos aspectos están contemplados en el contrato con la empresa constructora, pero, en el caso del gas, la verdadera cuestión a resolverse es garantizar su aprovisionamiento en esta fase de retroceso de las reservas. El gerente del proyecto, en plan de despejar las dudas, sostiene: “Bolivia tiene un enorme potencial hidrocarburífero, del que en la actualidad se aprovecha un 25% y el otro 75% falta descubrir y explotar” (textual). Es decir, no hay que preocuparse porque Dios proveerá.

En cuanto al agua, lo dudoso, según especialistas, es que el acueducto pueda concluirse hasta el año próximo, cuando el plazo estimado de construcción ronda los tres años.

La superación de estos escollos debe complementarse con despejar los cuestionamientos a la tecnología de hornos de inducción de baja frecuencia que demandan un alto consumo eléctrico, que eleva los costos de producción. Adicionalmente, no se considera apta para concentrados con un alto contenido de fósforo, como ocurre en Mutún. Finalmente, la calidad del acero a producirse, pactada en el contrato, no alcanzaría a la del que ahora se importa, generando otro interrogante sobre el enfoque global del proyecto.

Todas estas son cuestiones que deben resolver rápida y transparentemente para no reiterar la historia de frustraciones que acompaña a gran parte de las obras públicas realizadas en los últimos años.

Indudablemente no será fácil, en un momento en que Arce Catacora tiene que maniobrar ante el embate del ala más conservadora de su partido, la de Morales y la burocracia que rige las organizaciones sociales, empecinadas en que nuestro país respalde la invasión y la guerra, cuando nuestra Constitución impone que exijamos el inmediato cese de fuego y el repliegue de las tropas rusas.