La denuncia recibida en diciembre de 2019 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Evo Morales y otros aún está en curso. Se prevé que los afectados incluyan más elementos para probar que se cometieron delitos de lesa humanidad, entre los que sobresalen los ataques sistemáticos a la población civil por razones ideológico-políticas entre octubre y noviembre de 2019, tras el presunto fraude electoral de ese año.

La Corte, el 14 de febrero de este año, rechazó otra denuncia presentada el 2020 por el gobierno de Jeanine Áñez, por el bloqueo que impidió el paso de oxígeno y que causó la muerte de al menos 10 personas.

Alfonso M. Dorado, el abogado habilitado ante la Corte Penal Internacional y que representa al grupo de 10 ciudadanos bolivianos que presentaron la denuncia contra Morales, conversó desde París con EL DEBER para explicar que la demanda sigue en curso y se trata de un caso distinto al que rechazó recientemente el fiscal Karim Khan sobre las muertes de al menos 40 personas supuestamente a causa de los bloqueos de carreteras protagonizados por organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Existen dos denuncias. En 2019, tras el fraude electoral, fue planteada una acusación ante la Fiscalía, no como Estado sino por ciudadanos. Esa denuncia sigue su curso y concierne únicamente a los hechos de octubre y noviembre de 2019. El segundo caso oficial abierto y de avance más rápido, porque fue interpuesto por el Estado boliviano, contempla los hechos ocurridos entre el 3 y el 14 de agosto de 2020, al que llamo Caso Covid”, aclaró el representante legal.

La denuncia que continúa en la etapa de análisis jurídico en la Corte Penal también incluye como responsables de estos ataques al exvicepresidente Álvaro García Linera, a sus exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Wilma Alanoca y Javier Zabaleta, y al asambleísta del partido oficialista Gustavo Torrico.

Nuevos elementos

El 25 de febrero de 2020, la Fiscalía de la CPI instruyó un análisis jurídico de los acontecimientos ocurridos en Bolivia entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, desde ese entonces los denunciantes aprovecharon para acumular más testimonios y pruebas que permitan ampliar la denuncia por sucesos discontinuos y de carácter político durante el gobierno de Evo Morales.

En esa línea, usarán parte de los argumentos presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se menciona que la justicia no es independiente y que abusa de la detención preventiva como medio de coacción. Esto probaría que los administradores de justicia no son imparciales menos en hechos donde se afecten los intereses políticos del Gobierno.

“Se está relanzando esta denuncia, sobre todo, a raíz del informe del GIEI. Ese informe de derechos humanos tiene bastantes elementos y similares a los que hemos presentado, pero con más detalles y lo adjuntaremos con algunas organizaciones de la sociedad civil”, adelantó el representante legal.

Los principales argumentos de la denuncia son la “ambigüedad, falta de garantías y el clientelismo político” del sistema judicial boliviano que podría constituirse en base probatoria para que la entidad internacional tome el caso por crímenes de lesa humanidad, una vez que se compruebe que se agotaron los procedimientos judiciales en Bolivia o que se demuestre la falta de imparcialidad de las personas que imparten justicia.

“En mi visita a Bolivia logré recolectar testimonios de cuatro a cinco víctimas más, pero también relacionado a otros casos como del Hotel Las América, que pueden considerarse de ataque sistémico bajo una línea y política bien preparada antes de 2019. Se trata de dar todos los elementos necesarios para demostrar el modo operatorio y líneas de conducta que no se adecúan al comportamiento que se espera de altos dirigentes de un Estado”, añadió.

Dorado explicó que será la Fiscalía de la CPI la que determine si existen suficientes elementos o algún grado de gravedad, criterio importante. También puede determinar que se cometieron crímenes o delitos, pero que no son graves. Sin embargo, advirtió que al no existir plazos procesales establecidos podría demorarse meses o años en llegar al examen preliminar y luego a una investigación de campo en el país para finalmente determinar una sentencia.

Puntos de vista

El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, afirmó que desconoce el caso que cursa en la CPI y no emitió más criterios al respecto.

Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos dijo que las demandas ciudadanas no tienen el mismo peso como las interpuestas por un Estado. Sin embargo, añadió que dependerá de cómo se plantee y los argumentos que se adjunten.

“Los tribunales internacionales son muy exquisitos en forma y fondo. Cualquier denuncia que se haga ante la CPI u otro organismo de justicia, la denuncia tiene que ser altamente fundamentada. No solo con el derecho interno del país sino con el derecho internacional”, apuntó.

También lamentó que estos procesos demoran mucho como el caso de la coronel de policía cuyos derechos fueron vulnerados en 2013 y el caso recién está en revisión.

“Son procesos muy largos, si bien puede significar algo de esperanza yo tendría mis pies en la tierra para esperar resoluciones afines o contrarias de la Corte. El primer paso es que acepten el proceso, una vez acepten el camino es largo”.