El pueblo yuqui está a punto de desaparecer. La desatención del Estado obligó a esta comunidad indígena -ubicada en la provincia Chapare del departamento de Cochabamba- a abandonar su territorio y dedicarse a labores ilícitas. Una de ellas la venta de niñas para el comercio sexual en el trópico cochabambino. Lo mismo sucede con miembros de otros dos pueblos indígenas como los weenhayek y los ayoreos, según una investigación social.

Los yuqui sufren desde hace dos décadas una fuerte discriminación social. La pobreza en la que viven y la incursión de colonos en sus territorios -en su mayoría cocaleros- los obligan a migrar a zonas urbanas. Se calcula que ahora su población no sobrepasa los 400 indígenas. Esas penurias también han forzado a que algunos padres de familia vendan a sus niñas para que sean sometidas al comercio sexual en el trópico de Cochabamba.

La investigación Dinámicas de la trata, proxenetismo y violencia sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Bolivia, publicada por la Fundación Munasim Kullakita, muestra que en los tres pueblos indígenas (yuqui, weenhayek y ayoreo) la venta de menores de edad se originó por diversos factores, entre ellos la “indiferencia de parte del Estado y la sociedad en su conjunto”.

“Esto (el abandono del Estado) les obliga a sobrevivir de la única manera que un entorno duro les permite: la mendicidad, el robo y el sometimiento al comercio sexual. La investigación ha identificado a tres comunidades indígenas que son excluidas en las ciudades donde sobreviven, y la manera en que lo hacen con comercio sexual de niñas, niños y adolescentes”, dice parte de la investigación elaborada por Elizabeth Zabala y Ariel Ramírez.

En el caso concreto de los yuqui es la usurpación de tierras el factor principal que pone en riesgo de extinción a este pueblo indígena. Los cocaleros del Chapare, en su mayoría colonos, invadieron sus tierras para cultivar la hoja de coca. La única comunidad yuqui grande que logra sobrevivir es Bia Recuaté, que está a 160 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y que es parte del municipio de Chimoré. Sus habitantes estaban acostumbrados a pescar, cazar y cultivar como modo de subsistencia, pero ahora no lo hacen por la invasión que sufren y la ampliación de la mancha urbana.

Carmen Isategua fue cacique de Bia Recuaté y ahora se convirtió en una lideresa del pueblo yuqui. La indígena, de 36 años, pide la atención del Estado para evitar que su pueblo se extinga. Ella pone a la ambición de colonos y narcotraficantes como parte de la invasión a su territorio.

“Cuando yo era cacique, yo luchaba mejor. Con los yuras (el pueblo indígena yuracaré) me enfrentaba. Hubo pelea porque estaban trabajando cosas ilícitas que nosotros no ocupamos, como dicen la droga y eso. Nosotros no permitimos que esas cosas pasen dentro del TCO. Yo como mujer he viajado a Cochabamba, por todos lados para defender nuestra tierra”, aseguró Isategua.

Desde el pueblo yuqui

La lideresa indígena también lamenta que la pobreza lleva a que “algunos” miembros del pueblo yuqui opten por “vender” a sus hijas para que sean sometidas al comercio sexual. “No lo entiendo, pero la pobreza obliga a que se tomen estas decisiones”, dijo.

Gladys Sandoval, que fue parte de la Defensoría del Pueblo, conoce la situación del pueblo yuqui y el comercio sexual al cual son sometidas las menores de edad.

“La comunidad yuqui es una comunidad aislada por los colonos, que han ingresado a sus tierras o algunos las han vendido. Todo aquello ha ido generando que los yuqui ya no sepan cómo obtener recursos. Muchos se dedican al consumo del alcohol y hemos sabido que algunos están vendiendo a sus hijas pequeñas para prostituirlas, todo con la finalidad de subsistir. En algunos recorridos que hicimos hacia esos lados, la población nos comenta de la presencia de mujeres yuqui, adolescentes, en algunos prostíbulos entre la carretera Cochabamba-Santa Cruz”, relató Sandoval en la investigación de la Fundación Munasim Kullakita.

Este mismo informe incluye el relato de una trabajadora sexual en el trópico de Cochabamba. La mujer detalla que los padres de las menores de edad entregan a sus hijas a los dueños de los prostíbulos para que sean comercializadas.

En las carreteras del Chapare aumentó el comercio sexual.

“La más jovencita que he visto era una chica de 13 años que su papá le ha traído, eran de los yuqui. Ha estado una semana, después su papá ha venido y se la ha llevado. He escuchado que varias jovencitas de los yuqui trabajan más allá del cuartel de Chimoré. Los papás les obligan a hacer eso. Aquí a los yuqui no los quieren porque toman harto, son muy borrachos, toman alcohol puro. Me imagino que por eso hacen trabajar a sus hijas”, afirmó la trabajadora sexual.

Los weenhayek, llamados también matacos, habitan en los alrededores del río Pilcomayo, en el departamento de Tarija. Su supervivencia siempre se basó en la recolección de alimentos, la caza y la pesca, aunque en la actualidad sus prácticas ancestrales han ido desapareciendo por la modernidad, por la invasión de sus territorios por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y por la exclusión social.

A estos factores se suman las constantes sequías en el Chaco boliviano. Así, se vieron obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos económicos y a migrar hacia las urbes más cercanas -Yacuiba y Villa Montes- donde sobreviven en la pobreza con trabajos informales o el sometimiento de las niñas y adolescentes al comercio sexual.

“La cantidad de hombres que migran a trabajar en los yacimientos petrolíferos y las nuevas carreteras existentes dan lugar a que, dentro de los territorios weenhayek, entre Villa Montes y Yacuiba, funcionen prostíbulos. La comunidad Weenhayek -que se encuentra entre dos poblaciones donde esta problemática es manifiesta, y ante una situación socioeconómica conflictiva- ingresa fácilmente al comercio sexual. Además, al tratarse de una zona fronteriza con Argentina y Paraguay, las niñas y adolescentes de esta comunidad son altamente vulnerables a ser captadas por tratantes”, revela la investigación.

Atención del Gobierno

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca, anunció que se debe hacer un trabajo coordinado con los gobiernos subnacionales para evitar el comercio sexual de menores de edad. “No debemos abandonar a nuestros pueblos indígenas y menos aún que las niñas sean maltratadas así”, dijo.

Mientras, la Defensoría del Pueblo pidió a las entidades estatales que tomen contacto con los pueblos indígenas para atender sus demandas y así evitar que haya comercio sexual de niñas.

“Pedimos a las instancias estatales competentes a definir una agenda de trabajo que tenga por finalidad la protección de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y asumir acciones concretas y efectivas que atiendan las demandas y necesidades de los pueblos indígenas duramente afectados”, solicitó la defensora Nadia Cruz.

Otro pueblo indígena afectado por el comercio sexual de menores es el ayoreo. La investigación revela que hay ayoreos, que radican en el Chaco boliviano, que “entregan” a niñas y adolescentes para que sean prostituidas en las zonas de La Ramada, Los Pozos y la avenida Cañoto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

DEMANDAS DE LOS YUQUI

El pueblo yuqui demandó atención de los tres niveles del Estado para contar con alimentación y la asistencia necesaria ante los problemas extremos de salud que enfrentan. Además, exige que se garantice la Canasta Familiar, el pago de la Renta Dignidad y la gestión para acceder al bono Juana Azurduy de Padilla.

DICE LA CONSTITUCIÓN

El artículo 31 de la Constitución Política del Estado establece que los pueblos y naciones indígenas deben ser protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.