La Defensoría del Pueblo es una institución establecida por la CPE para la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y originarios campesinos; de las comunidades urbanas y de los bolivianos en el exterior del país. Para el ejercicio del cargo se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 30 años de edad cumplidos al momento de ser designado y tener una probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación, según lo establece el Art. 222. La elección del Defensor o Defensora del Pueblo corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por dos tercios de voto y ejercerá funciones por cinco años pudiendo ser reelecto por una sola vez.

El artículo 2, inciso III de la Ley 870 del Defensor del Pueblo dice que la Defensoría tiene autonomía funcional, financiera y administrativa. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado, está sometida al control fiscal y tiene sede en la ciudad de La Paz. En teoría es una cosa, en los hechos, es muy distinto el papel que viene desempeñando la Defensoría. Basta un ejemplo de su funcionamiento digitado y/o sesgado: Su indiferencia total hacia la marcha y las demandas de los pueblos indígenas del Oriente que, entre Beni y Santa Cruz, encabezó Marcial Fabricano el año pasado.

En los últimos años, la figura defensorial se ha visto envuelta en una espiral de cuestionamientos por el incumplimiento de sus funciones y por presuntas ligazones con el gobierno del Movimiento al Socialismo. La actual Defensora, Nadia Cruz, fue designada interinamente en el cargo por 90 días, después de la renuncia de su antecesor David Tezanos en enero de 2019, a raíz de problemas conyugales que ventiló públicamente y con una denuncia por uso indebido de bienes del Estado. Con más de tres años en el cargo, Cruz extralimitó los plazos de su interinato y le han llovido las críticas por usurpación de funciones. Además, la Defensoría fue apuntada por sectores de oposición como ‘casa de campaña’ del MAS durante el anterior periodo electoral.

Figura muy distinta la que como Defensor del Pueblo encarnó el ciudadano potosino Rolando Villena hasta su muy sentido deceso, afectado por Covid- 19 a comienzos de 2021 y por la muerte de su esposa poco antes. Villena tuvo a su cargo una gestión autónoma, firme y valiente que ejerció impecablemente, no obstante, las fobias que en su contra desató el entonces presidente Evo Morales, tratando de acobardarlo para que se apartara del cargo por no responder a sus lineamientos y caprichos. No lo consiguió y el Defensor cumplió, incluso bajo fuerte presión, con la responsabilidad que había contraído. No en balde, Rolando Villena fue reconocido en 2013 con el Patujú de Bronce como Personaje del Año por esta casa periodística y dos años después, en 2015, la Asociación Nacional de la Prensa le confirió el Premio Libertad “por su sólida convicción democrática y por haberse consagrado al servicio, la defensa y protección de los derechos de los demás”.

En los últimos días, ha comenzado, en medio de denuncias y discrepancias, el debate en la Comisión Mixta de Constitución de la ALP sobre la convocatoria para elegir al próximo Defensor del Pueblo, basada en la exigencia de 18 requisitos. El tono áspero que va alcanzando el debate entre oficialistas y opositores hace presagiar que los criterios estarán alejados de una ‘sana crítica’ y de que en un crucial proceso como el referido sea asumida la mejor decisión en torno a una figura que, como Villena en su momento, garantice la defensa y promoción de los derechos de bolivianos y bolivianas sin excepción alguna.